El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador nombró, el martes, a los cuatro peritos propuestos por la Fiscalía que estarán a cargo de los análisis financieros en el proceso penal contra el expresidente Elías Antonio Saca; su secretario privado, Élmer Charlaix, y otros cuatro imputados vinculados al desvío de 246 millones de dólares del Estado durante la administración presidencial de 2004 a 2009.
Los peritos, dos funcionarios de la Superintendencia del Sistema Financiero y dos funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, tendrán que basar su análisis en 28 puntos.
Estos estarán comprendidos entre el período del 31 de mayo de 2004 al 31 de mayo de 2015, para ser presentados el 31 de mayo de este año, según informó la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
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Lisandro Quintanilla, uno de los abogados defensores del caso, manifestó que con sus colegas están en desacuerdo por la diligencia realizada por el juez Rigoberto Chicas, ya que no fueron convocados al nombramiento de los peritos y tampoco a deliberar los puntos bajo los cuáles se realizarán los análisis.
Por ello, dijo que interpondrán el miércoles -último día de plazo- un recurso de revocatoria por tal decisión, además pretenden recusar -rechazar- a los peritos de Fiscalía.
Juez basado en Código Procesal Penal
Tras los señalamientos de la parte defensora, Chicas, a través la Unidad de Prensa, señaló que actuó bajo parámetros legales, según lo estima el artículo 231 del Código Procesal Penal, que establece que: “el juez o tribunal designará un perito, salvo que estime nombrar otros. La realización de la diligencia será notificada a las partes con la indicación de los puntos de pericia y el nombre del perito”.
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El 5 de noviembre del año pasado, la Jueza Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, resolvió enviar a prisión a Saca, Charlaix, Rank; el extitular de Anda y exsecretario de la juventud, César Funes; y otros tres colaboradores de la Presidencia, por considerar que habían suficientes indicios del desvío de millones de dólares del Estado.
Al principio, Pozas decidió que los imputados guardaran prisión en la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía, pero el 17 de enero de este año, luego de una solicitud hecha por el Juzgado Cuarto de Instrucción a la Dirección de Centros Penales, los procesados fueron trasladados al sector 9 del penal La Esperanza (conocido como Mariona), donde también está recluido el exfiscal general, Luis Martínez.
El caso penal contra el exmandatario surgió en octubre, semanas después que Charliax fuera enviado a juicio civil por unanimidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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