Ante los pronunciamientos de abogados y del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre la presentación mediática de imputados realizada por la Policía y la Fiscalía en donde, a su criterio, se vulnera el principio de la inocencia y el derecho al honor, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, señaló a El Diario de Hoy que espera que tal acción de las autoridades “no solo sea solo un show mediático, porque también sería ofensa a la inteligencia”.
“Tienen que respetarse los derechos humanos, la dignidad de las personas”, afirmó la funcionaria.
Para ella el tema también representa complicaciones desde el punto de vista de la opinión pública, porque por un lado están las autoridades, cuya función es cumplir la ley y defender los derechos fundamentales de las personas, pero la “única forma” de hacerlo es difundiendo su trabajo.
Caballero dijo que contribuye a esta complejidad el no garantizar la presunción de inocencia de los imputados, tal como lo establece la Constitución, porque nadie es culpable mientras no ha sido oído y vencido en juicio.
Y la complejidad se acrecienta, ejemplificó, cuando las capturas son en flagrancia y los ciudadanos comienzan a condenar al imputado por el hecho de haber sido detenido en el cometimiento del delito.
Las capturas, señaló, para la Policía pueden representar un logro, pero el logro no necesariamente tiene que estar vinculado con presentaciones mediáticas, ya que la condena de la opinión pública perjudica las investigaciones judiciales y obstaculiza los procesos.
Sin embargo, Caballero sostuvo que deben evaluarse los debilidades que existen en el tema y cómo pueden subsanarse.
En ese sentido, el jueves, dos jueces antimafia de San Salvador manifestaron a este medio que existen una relación entre la presunción de inocencia de imputados, su respeto a la dignidad y el derecho a la información, aspectos que deben ser regulados a partir de la ley. No obstante, indicaron, el Estado hace “demostraciones de fuerza” con los que pretenden difundir su trabajo.
Condenas vs. lo mediático
Caballero prefirió hablar de resultados y no solo de presentación de imputados. “Yo quiero ver las estadísticas de las condenas, porque una cosa es lo mediático y otra cosa son los resultados judiciales”, explicó, y cuestionó: “¿De qué me sirve a mí tener 40 capturas si ningún (imputado) va a salir condenado?”
Sostuvo que es importante que las autoridades sean coherentes con lo que exponen a la opinión pública y con los resultados logrados luego que un proceso judicial finalice.
Al abordar el tema, según la titular de la PDDH, también deben plantearse el fortalecimiento a la Fiscalía para realizar las investigaciones que llegan a sus manos, ya que ello influiría en los sustentos de las mismas y conllevaría a mejores resultados judiciales.
Mencionó lo crucial que representa, asimismo, la depuración judicial y las capacitaciones para los jueces, porque existen casos donde estos cuentan con las pruebas necesarias para dictar una sentencia condenatoria y no lo hacen.
Sobre este punto señaló que la semana pasada, en reunión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expuso la preocupación porque el Órgano Judicial cuente con funcionarios que velen por la búsqueda de justicia y así evitar la corrupción.
“Está clara la independencia judicial y vamos a respetarla, pero tampoco unos análisis de este tipo (ejemplificó casos) que ofenden la inteligencia”, señaló Caballero.
La funcionaria aseguró que es necesario que existan estrategias que no solo busquen reprimir el delito, sino que exista prevención de violencia, y ambos aspectos se respeten los derechos humanos de los ciudadanos.
Seguridad analizará quejas sobre violación de derechos
Ayer, el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, afirmó en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña que analizarán las quejas de profesionales del derecho sobre la violación a los principios de inocencia de los imputados.
Landaverde señaló que toda observación y sugerencia en el tema es atendible y el planteamiento sobre la temática le parece importante para ser tomado en cuenta.
“Estamos, entonces, entre un conflicto entre un derecho que tiene la colectividad de ser informada, tener evidencias con imagen, vídeos y otros recursos. Es entendible, la vamos analizar, todo lo que venga de la sociedad civil es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Lo vamos analizar, de forma que si es necesario ajustar algún procedimiento o hacer cambio en los mismos, lo vamos hacer”, indicó.
El funcionado aseguró que la presunción de inocencia es un principio constitucional que brinda garantías a una persona acusada de delitos de carácter procesal, y ello se encuentra bajo responsabilidad de la Policía y las demás instituciones del Estado encargadas de aplicar justicia.
Fusades, en su postura oficial respecto al tema, estableció el martes que la función de la instancia acusadora de delitos, en este caso la Fiscalía, es la persecución de una sentencia condenatoria, no obstante, el juez que conozca el proceso tiene la facultad de fallar por una absolución, si no hay pruebas suficientes contra el imputado.