Para esta mañana estaba programado que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador brindara su resolución y determinara si el exministro José Guillermo Maza Brizuela y doce exfuncionarios más fueran a juicio, acusados de negociaciones ilícitas (en caso de exministro) y estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada, falsedad ideológica en los otros.
Sin embargo, la lectura de la resolución se reprogramó para el 20 de febrero pues el abogado defensor de dos imputados no se presentó porque tenia otra audiencia con reos presentes en otro tribunal a la misma hora, de la mañana del jueves.
Los delitos que se les imputan fueron presuntamente cometidos en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután y del Hospital San Gertrudis, de San Vicente, en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
Los imputados enfrentan por segunda vez la audiencia preliminar, luego de que el juez Levis Italmir Orellana decretara sobreseimiento provisional en el año 2015 porque no se había concluido un peritaje financiero contable.
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En noviembre pasado la representación fiscal solicitó al juez Carlos Ernesto Calderón autorizara la reapertura del caso por contar con la nueva prueba que robustece la acusación contra los imputados.
Los fiscales expusieron al juez Calderón, las estrategias que presuntamente utilizaron los imputados para estafar al Ministerio de Salud. Son más de 120 documentos de prueba que la fiscalía presentó en el inicio de la audiencia.
El exministro Maza Brizuela, fungió como titular del Ministerio de Salud del 2004 al 2009 y es acusado de negociaciones ilícitas, delito presuntamente cometido en la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután.
El extitular es acusado de avalar un dictamen del conciliador (imputado Wilfredo Aponte Cuellar) en el cual, éste acreditó los reclamos a Gerardo Osegueda Gine, representante del asocio temporal CPK con respecto a la ampliación del plazo de la terminación de la conclusión del hospital de Usulután.
De ahí que si se postergaba el plazo se ampliaba el precio de la obra, por lo que se pactó que el contrato iba aumentar en 1 millón 734 mil 598 dólares.
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De acuerdo a la fiscalía, los reclamos que presentó CPK no eran procedentes, pues el conciliador estaba en la obligación de revisar el contrato y bajo las normas contractuales analizar si procedía o no, aunque al parecer no procedía. Al parecer él plasmó en el dictamen que sí eran aceptables.
Estas acciones de los dos imputados acusados de negociaciones ilícitas, permitieron que el imputado Gerardo Osegueda Gine, quien era el representante legal del asocio temporal CPK Consultores, se lucrar económicamente, por la elaboración de documentos con información falsa de sobrecostos de bienes.
De acuerdo a datos de la fiscalía, en el caso del Hospital Santa Gertrudis en San Vicente, hubo un perjuicio patrimonial contra el Estado, por obras pagadas y no ejecutadas de los equipos propios del inmueble de 1 millón de dólares 052.093.77.