Un análisis jurídico, elaborado por la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), concluyó que nunca se respaldó la contratación directa de la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing por parte de Casa Presidencial y que, por lo tanto, su adjudicación no procedía en el marco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (LACAP).
“El servicio de publicidad gubernamental y el diseño, producción e implementación de campañas son un elemento constante en los gobiernos, por lo tanto no constituyen una situación excepcional de contratación directa y se deben de seguir los procesos en sana competencia”, plantea ASAP, para demostrar que no existía una circunstancia “de emergencia” que avalara la asignación en los términos que se dio.
Otro de los argumentos que dio Casa Presidencial, desde su Unidad de Contrataciones y Adquisiciones (UACI), es que en el país ninguna agencia estaba especializada en publicidad gubernamental, luego de una investigación de mercado donde solo evaluó a siete firmas.
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Al respecto, ASAP plantea en su análisis que los servicios que solicitaba la Presidencia de la República “constituyen el giro normal y la especialización de diferentes agencias en el país” y que solo se necesitaba analizar cuál de los potenciales ofertantes lo presentaría de manera “más idónea”.
“El servicio en mención (campañas publicitarias) constituye la especialidad de una serie de agencias de publicidad , por lo que es posible promover la competencia a fin de comparar y escoger la que mejor cumpla con las exigencias del gobierno en un proceso de licitación”, agrega la Asociación.
La LACAP establece que un contrato directo procede cuando el servicio es proporcionado por una sola fuente o cuando la especialidad profesional, técnica o artística no permite promover una licitación.
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Polistepeque, propiedad del exasesor de Mauricio Funes, Joao Santana (condenado a ocho años de cárcel por corrupción), logró $2.8 millones en contratos de publicidad en un proceso en el que no hubo agencias competidoras y se diseñaron bases de licitación “para favorecer a Polistepeque”, denunció la ASAP en enero de 2010.
Documentos firmados por Olga Patricia Zablah, entonces directora de Prensa de Capres; Ricardo Marroquín, jefe de UACI; y Lissette Mirón Cordón, asesora de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones, demuestran que para la Presidencia, solo Polistepeque “cumplía con los requerimientos”.
“Hicimos una investigación de mercado y no encontramos, dentro de las agencias de publicidad y productoras existentes en el país, las calidades y la experiencia necesaria para asumir una parte de la propaganda gubernamental o de la publicidad gubernamental”, defendió Funes en 2010.
A partir de esto, el 19 de noviembre de 2009, se emitió una resolución de contratación directa, avalada por el mismo Funes y 12 funcionarios de varios ministerios y autónomas que quedaban “obligados” a contratar los servicios de Polistepeque.
ASAP señala violación a la independencia
El hecho que otras dependencias del gobierno hayan sido “obligadas” a contratar la publicidad de Polistepeque conlleva un problema de naturaleza jurídica y administrativa: rompe con el esquema de desconcentración y descentralización de la función pública, plantea ASAP.
“Los entes descentralizados por servicio o autónomas tienen atribuida personalidad jurídica propia distinta de la estatal, autonomía financiera y organizativa y tienen un fin público. Eso abarca sus leyes, como la LACAP”, enfatiza la gremial.
En este sentido se desconoce si al final el acuerdo ejecutivo terminó concretizándose en las otras entidades del gobierno, lo cual aumentaría la cifra de $2.8 millones que pagó Casa Presidencial por los servicios de Polistepeque, que cerró operaciones en el país en 2012 por razones aún desconocidas.
Hay que recordar que, según las investigaciones de las autoridades brasileñas, Joao Santana fue “intermediario” de la constructora Odebrecht para entregar $1.5 millones a las cuentas de campaña de Funes, algo que se enmarcaba en la trama de sobornos de la petrolera estatal Petrobras y sus contratistas en Brasil y en varios países latinoamericanos.