La Fiscalía General pedirá asesoría técnica internacional para poder esclarecer los supuestos espionajes telefónicos denunciados en enero pasado por las principales gremiales empresariales y centros dedicados a análisis socioeconómicos.
La iniciativa fue revelada ayer por el fiscal general Douglas Meléndez a los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoatividad de la Asamblea Legislativa.
La referida comisión lo había citado para que explicara los avances de las investigaciones con respecto a los supuestos espionajes telefónicos denunciados por tres gremiales empresariales y dos centros de análisis socioeconómicos.
Para concretar la cooperación técnica, el fiscal Meléndez ha comenzado a gestionar el apoyo internacional ante distintas embajadas acreditadas en El Salvador.
“Vamos a tener que acudir a la cooperación internacional porque no tenemos el aparataje técnico, ni la Policía lo tiene para examinar estos dispositivos”, dijo Meléndez, quien agregó que “ya estamos haciendo algunas gestiones con algunas embajadores y haciendo algunas consultas”.
En enero pasado, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social (Fusades), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la Cámara de Comercio e Industria y la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa); presentaron sendas denuncias a la Fiscalía por supuestos espionajes telefónicos.
Meléndez dijo que la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía ha comenzado a investigar las denuncias de las distintas instituciones, acumuladas en un solo expediente.
“El dictamen técnico es para determinar si estos dispositivos, en primer lugar, cuál es su origen, sí tecnicamente era viable, si estaban siendo utilizados o estaban activos”, dijo Meléndez, quien agregó que “en segundo lugar, de qué manera podría ser la interferencia o lo que se estaba tomando como escuchas en ese momento, pero eso lo dirá el peritaje técnico”.
Lo que si tiene claro el fiscal Meléndez es que nombrarán fiscales especiales para investigar los casos, pero en “cuanto a nombrar a una persona o un profesional externo a la Fiscalía no lo veo viable, no lo veo correcto”.
La ola de denuncias por parte de las gremiales empresariales y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a principio de enero.
En todas las gremiales y organizaciones demandantes encontraron micrófonos sofisticados de alto alcance colocados en los sistemas eléctricos y telefónicos en oficinas o en salas de reuniones de los altos ejecutivos.
En su momento, Anep al condenar esas acciones ilegales, consideró que se violentaba el derecho a la intimidad de las personas que forman parte de las entidades denunciantes. Además, consideró que el espionaje era “típico de países que viven bajo el autoritarismo en el que se viola los derechos humanos fundamentales”.