Los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos dieron ayer el primer paso para la ejecución de los primeros fondos donados por la nación norteamericana en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad. El primer desembolso asciende a $97.9 millones y ya se han definido las áreas en las que serán distribuidos a fin de frenar la emigración irregular a través del crecimiento económico, el desarrollo educativo y el combate a la violencia.
Este primer desembolso es parte de los $750 millones que EE. UU. ha destinado para el Plan , los cuales se suman a los $2,600 millones que deben aportar los países beneficiados del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.
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La embajadora de EE. UU. Jean Elizabeth Manes, y el director de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), Larry Sacks, firmaron junto con el canciller Hugo Martínez y el secretario técnico Roberto Lorenzana, dos enmiendas al convenio de cooperación que concreta el primer desembolso del dinero y que da el banderazo de salida a la ejecución del Plan.
Manes y Martínez coincidieron en que la firma de las adendas al convenio simbolizan la culminación de un proceso de negociación y confirman el compromiso de ambos gobiernos con El Salvador.
“(La) firma de dos enmiendas (al convenio) es muy importante porque tienen que ver con el futuro de El Salvador y que esperábamos desde hace ya algún tiempo y sobre el que han venido trabajando nuestros equipos... Confirma los buenos lazos de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y de El Salvador”, afirmó el canciller luego de la firma.
Mientras que la embajadora dijo: “Estos casi 98 millones de dólares representan una inversión en El Salvador y demuestra una vez más el compromiso de ambos gobiernos en seguir trabajando juntos para seguir logrando mejorar la seguridad y alcanzar la rosperidad que todos deseamos para El Salvador”.
Los fondos se distribuirán así: 29.3 millones de dólares serán para actividades de crecimiento económico y $68.6 millones para proyectos de democracia y gobernabilidad.
Martínez explicó que dentro de esas áreas incluyen dichas áreas es el fortalecimiento del sistema justicia y de Derechos Humanos, la prevención del crimen y la violencia, la educación para niños y jóvenes y otros programas que ya están en curso, entre los que mencionó: Supérate, Adopte una escuela, El Salvador competitivo, oportunidades para jóvenes emprendedores, entre otros.
Según el canciller, estos fondos reforzarán las acciones que el gobierno ha venido realizando en 2016 en áreas como contrabando, trafico humano, seguridad fronteriza, combate a la corrupción, reducción pobreza, empleo con fondos propios que alcanzan los $965 millones.
Este convenio de cooperación nació en 2014 entre la administración de Barack Obama y los gobiernos de los países del Triángulo Norte. El exvicepresidente Joe Biden comandó el equipo de seguimiento junto con los mandatarios de los tres beneficiados.
La agencia AID es la que canalizará estos fondos a través de distintos mecanismos de implementación a cargo de organismos no gubernamentales, explicó la cancillería.
Segundo desembolso sujeto a otros requisitos
Para el desembolso de los fondos, los tres países tuvieron que cumplir una serie de requisitos establecidos por EE. UU.. En el caso de El Salvador, se definieron: lucha contra la corrupción, políticas y programas para mejorar la transparencia, asegurar la independencia del poder judicial, generar empleos y crecimiento en zonas que registran mayor emigración entre otras.
Martínez hizo hincapié en que el país fue certificado por el Departamento de Estado de los EE. UU. en el cumplimiento de esas metas que estaban trazadas en correspondencia con el año fiscal 2016 y que ahora se comprometen a trazar nuevas para este 2017 aunque no las detalló.
#GobSV y EUA firman enmiendas a acuerdos de donación p/seguir trabajando por la seguridad y prosperidad en ESA. https://t.co/X8yhSGxt4j pic.twitter.com/n9N1yGjcG9
— RREE El Salvador���� (@cancilleriasv) February 6, 2017
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De esa forma, dijo, se queda a la espera de la respuesta a la solicitud que hizo el gobierno de Obama de $1,000 millones para el segundo año del plan .
En ese sentido, la embajadora consideró: “Podemos decir que se han logrado suficientes avances en los 16 criterios definidos en la legislación de Estados Unidos para los tres países del Triángulo Norte para utilizar fondos nacionales de Estados Unidos”, pero que eso no significa que no haya “más trabajo para hacer”.
A juicio de la diplomática, el gobierno queda comprometido a hacer más. “Los criterios se mantienen y el Gobierno de El Salvador va a tener que seguir demostrando su compromiso para avanzar en cada uno de los criterios que se establecen”, afirmó.
La embajadora tuvo especial mención para la Fiscalía General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública como ejemplos del esfuerzo anticorrupción y la rendición de cuentas.
Esos son parte de los lineamientos de la Alianza para la Prosperidad en donde deben ir dirigidos los fondos. Martínez aseguró que hay proyectos con los que se apoyará, por ejemplo, directamente a la Fiscalía en ese sentido.
Alineados a otros programasen curso
En su intervención, Manes destacó que este tipo de cooperación conllevan la búsqueda de un El Salvador más seguro, más próspero, más transparente, con un Estado de Derecho sólido, donde se respete los derechos de todos y la gente pueda construir un futuro aquí y no tenga que emigrar.
“Estos fondos apoyan a atacar la raíz de las causas de la emigración irregular, tales como inseguridad, falta de oportunidades económicas y educación y la desintegración familiar”, expresó Manes.
De hecho, tanto el canciller como la embajadora enfatizaron que estos fondos serán invertidos en programas que estarán en alineación con otros ya en ejecución como los que enmarca “El Salvador Seguro” enfocado a los 50 municipios del país más violentos.
La implementación de estos primeros fondos serán fiscalización y monitoreo del consejo que se ha formado dentro del plan de la Alianza para la Prosperidad y en donde están representados Gobierno, sector privado y sociedad civil, quienes además participan en la definición de prioridades en materia de seguridad y en el fortalecimiento institucional, según dijo Manes.
Lorenzana también destacó que dicho consejo estará fiscalizando la implementación de los programas.
Pero Manes fue más allá y no solo instó a todos los sectores del país a sumarse en este esfuerzo para que sea exitoso, sino que dijo a los ciudadanos que el futuro del país está en sus manos.
“Necesitamos dejar de lado nuestras diferencias políticas y poner al país primero. Necesitamos que ustedes los ciudadanos reclamen por más transparencia y rendición de cuentas y que todos los huecos de la corrupción sean cerrados. Que ustedes los ciudadanos insistan en tener acuerdo fiscal que realmente puedan tener un impacto”, instó.
Aunque destacó que ya hay iniciativas en las que alcaldes, jóvenes voluntarios, iglesias entre otros han contribuido a mejorar la seguridad, puso como ejemplo los más de $47 millones que el sector privado ha aportado en “nuestros programas en los últimos 5 años y nos ha permitido beneficiar a muchas más personas”.