Cerca de cuarenta abogados, entre quienes figuran un exvicepresidente de la República, un expresidente de la Corte Suprema y muchos notables del gremio, se pronunciaron en contra de la captura de dos colegas que son representantes legales de una empresa a la que se investiga por presunta evasión de impuestos.
La protesta de los profesionales no va en contra de la investigación de delitos, sino contra el hecho de que los abogados Rafael Alberto Mendoza Calderón y Rodrigo Enrique Rosales Espinosa hayan sido arrestados por el solo hecho de representar a la empresa, aunque no tuvieran que ver en los ilícitos.
Lo anterior constituye “una grave amenaza al gremio y a cualquier ciudadano” porque automáticamente las autoridades pueden capturar a cualquier persona sin mayor investigación, advierten los profesionales del Derecho en pronunciamiento público.
“Maxiprenda El Salvador, S.A. de C.V. fue una sociedad cliente de los colegas, y ellos no son accionistas de la sociedad, ni propietarios de la empresa. El único vínculo material entre Maxiprenda El Salvador, S.A. de C.V. y los colegas es una relación profesional cliente-abogado”, manifiestan los denunciantes en un comunicado.
De allí el hecho que no se explica por qué tienen que responder por un presunto delito que no se ha probado que haya sido cometido por ellos.
Sin embargo, la Fiscalía les atribuye la evasión de 2.7 millones de dólares en 2012.
Fiscales de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado dirigieron las capturas el pasado jueves. Simultáneamente, las autoridades allanaron las oficinas de la empresa, situada en la colonia Escalón.
Los fiscales sostuvieron que Mendoza Calderón y Rosales Espinosa supuestamente son representantes legales de la casa de empeño, la cual presentó declaraciones de impuestos a cero. Esto hizo que el Ministerio de Hacienda erogara más de 200 mil dólares en devolución a la misma.
Pero en su pronunciamiento público, los abogados le recordaron a la Fiscalía que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha expresado en la sentencia de Habeas Corpus 36-2008 : “Para la atribución de un reproche penal a una persona, conforme a la responsabilidad subjetiva, se parte de la premisa de que sólo es responsable por los actos que le sean personalmente reprochables, lo cual a su vez supone que, respecto a los hechos delictuales atribuidos, la persona tuviera la posibilidad de saber qué hace y la libertad para determinar su comportamiento”.
Por eso los denunciantes consideran que no se puede atribuir de manera automática la responsabilidad a Mendoza Calderón y Rosales Espinosa, pues son profesionales que “únicamente participan en los cargos de la administración social en el marco de una relación abogado-cliente”.
Piden profundizar investigación
Los denunciantes señalan que la participación de abogados en la administración social de sus clientes es una práctica común, particularmente con clientes extranjeros; “y de esa relación formal no puede inferirse de manera automática que dichos abogados son responsables de hechos ilícitos que se atribuyan a esas sociedades. Hacerlos supone violar el principio constitucional de responsabilidad subjetiva”.
“Solicitamos que se respeten los principios constitucionales de responsabilidad subjetiva y de presunción de inocencia. Exhortamos a las autoridades a ejercer sus funciones investigativas y judiciales respetando las garantías constitucionales, dilucidando los hechos ocurridos en ese caso, y, si se determina que se cometieron ilícitos, se atribuya la responsabilidad a las personas que de manera material cometieron esos actos”, señalan los profesionales.
El fin de semana se pronunció en el mismo sentido el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), cuyo presidente, Humberto Sáenz, cuestionó que de las autoridades afecten de esa manera la imagen de los profesionales.