El problema de fondo de la crisis de inseguridad que experimenta el país en la actualidad viene desde 1992, cuando se eliminó el servicio de control territorial que por toda una historia El Salvador había tenido y que impidió al FMLN llegar al poder por la fuerza, afirmó el exministro de Defensa, general Otto Romero.
“Al cerrar una guerra en la que el FMLN era una fuerza terrorista de guerrillas y que le impidió tomarse el poder en gran medida por ese cuerpo de servicio territorial, era lógico que lo primero que tenían que hacer al llegar a los Acuerdos de Paz, era volárselo”, sentenció el exministro de Defensa.
El general Romero sostuvo que es lógico y comprensible que la izquierda no tolerara al “organismo” que le impidió controlar el territorio “lo que no entendemos es que se aprecian de ser científicos políticos en conducción de país y no hayan creado el sustituto con lo que dejaron un vacío de autoridad que la sociedad ahora está pagando”.
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Y es que ese servicio territorial, no es de ahora ni solo era de El Salvador, todos los países lo tienen. Eso no tiene nada que ver con ideologías, pues países como Costa Rica y Estados Unidos con democracias avanzadas, cuentan con esos sistemas que ayuda a controlar el territorio de manera organizada y aporta insumos a las autoridades sobre niveles de violencia, delincuencia y hechos que podrían desencadenar en problemas estructurales con serias repercusiones.
El general estima, que lo más aproximado a este servicio territorial podría haber sido el despliegue de la Policía Comunitaria.
“Cuando se desplegó se pensó que sería una estructura que de forma permanente se quedaría en las colonias para cambiar el nivel de amenaza”, señaló.
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La Policía Comunitaria debió organizar a la sociedad para obtener su ayuda en materia de seguridad pública y defensa nacional. La integración de la sociedad en estos esfuerzos, no significa darles fusiles sino organizarla, de acuerdo con la magnitud de las amenazas en sus colonias.
Con esa visión, los ciudadanos se volverían informantes de la autoridad solo que antes se deben crear las condiciones de confianza y seguridad, porque en zonas como Soyapango donde las pandillas tienen atemorizados a los ciudadanos no es tan fácil de lograrlo, como fue en el pasado.
“El nivel de amenaza que tiene el país requiere que la seguridad pública sea más proactiva”, recomienda el exministro de Defensa.
Implica que tanto Policía como Fuerza Armada se vayan a las zonas más difíciles y se queden un buen rato con ellas, “para controlar los índices delincuenciales y crear una estructura de sociedad permanente que organice, controle y al mismo tiempo también reprima el delito”.
Una vez bajado el nivel de peligro, se debe inyectar una dosis de ayuda económica al sector para que la institucionalidad funcione con normalidad: juzgados, Procuraduría, Fiscalía y todas las instituciones en lugares donde ni siquiera ahora existen.
Se deben crear las condiciones de normalidad en los territorios para el desarrollo social y productivo del país, donde ahora los distribuidores y comerciantes son extorsionados, amenazados y asesinados.
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Para lograrlo se requiere de una policía que trabaje 24 horas al día, los siete días de la semana y los 365 días. “Durante la guerra lo mandaban a uno a organizar una defensa civil y no regresábamos hasta que funcionaba totalmente, implica que estábamos 30, 40 días, lo que fuera necesario”, subrayó.
Lo que sucede en este país es que la sociedad no está organizada. El militar consideró que las causas de la violencia y delincuencia son el fruto de que los Acuerdos de Paz se cerraron y “los autores de la guerra todavía estamos vivos, lo que impide que nuestra sociedad sea normal, porque nosotros somos una sociedad anormal”.
Todo esto tiene sus orígenes en que se cerró la guerra de manera anormal, no como ha sucedido con otros conflictos.
Un claro ejemplo son las grandes controversias que se dan en el seno de la Asamblea Legislativa en el que cada sector busca su propio beneficio y cuando las leyes no los favorecen, obstaculizan las iniciativas del adversario.
Mientras los políticos y algunos funcionarios de la seguridad pública no se quiten de la cabeza los problemas de carácter ideológicos, no van a caminar. Si quisieran resolver el problema ya lo hubieran hecho, pero su punto de honor político se los impide.
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Las maras como delincuentes se crearon en la guerra porque varios salvadoreños emigraron a Estados Unidos, donde se adiestraron, se hicieron delincuentes y después los deportaron al país.
A su llegada a El Salvador y con el vacío de seguridad que se han creado en los 25 años de los Acuerdos de Paz en vez de reducirse, estos grupos de delincuentes han proliferado.
Ahora para contrarrestarlos es bueno que hayan cámaras de video vigilancia que los detecten pero es mejor organizar a la población en su territorio para que controle su propio providencia diaria.
Las instituciones tienen capacidad para combatir el delito, lo que no tienen es congruencia de objetivo y la visión de ver al país a largo plazo.
En 1978 y 1979, antes de que estallara la guerra solo habían cuatro mil policías (Guardia, Policía de Hacienda, Policía Nacional) y se vivía mejor en esa época que en la actualidad con más de 28 mil agentes.
Con esa cantidad ahora no hacen ni la quinta parte de lo que hacían los cuatro mil policías de aquella época.
La seguridad de esos años iba a la par de la organización de la sociedad, había servicio territorial.
Las maras se han acomodado y suplantado a las instituciones, y si no se frenan avanzarán donde hayan vacíos de autoridad.
Calificó de incendios que se apagan a los operativos que la Policía y la Fuerza Armada realizan y que terminan con numerosas capturas porque no responden a planes permanentes.
“Esos esfuerzos son buenos, pero el problema hay que tratarlo de manera sistemática e institucionalizada”.
No se puede vivir en la seguridad pública apagando incendios, eso no es propio de un sistema de seguridad.
“Un sistema de seguridad no puede depender de apagar los incendios visceralmente, un sistema de seguridad se debe apoyar en fortalecer las instituciones de carácter permanente que gobierne local y territorialmente el país.
En el país existe una macro policía pero no hay mini seguridad en las localidades que refuerce los planes globales.
La Fuerza Armada y la Policía deben quedarse en el terreno para que el ciudadano los vea como su respaldo, hasta que el problema se resuelva.