Para tener control de los fondos que el Estado le asigna a las ONG, el partido ARENA propone una ley que contempla criterios para definir a qué organizaciones se les debe dar dinero, los mecanismos para supervisar su uso, la rendición de cuentas y sanciones por incumplimiento al convenio que deberán firmar antes de recibir el dinero.
A la fecha, el país no cuenta con una normativa que audite las asignaciones que anualmente se desprenden del Presupuesto General del Estado para diversas entidades no gubernamentales, a pesar de que es una práctica vigente desde hace muchos años.
Lee también: Diputados apoyan la idea de regular a las ONG que reciben fondos estatales
Pero al conocerse que fundadores, directivos y miembros de algunas ONG tienen nexos políticos, es que el tema ha cobrado relevancia, habida cuenta que para el presente año se han destinado $22.5 millones para esta materia.
La crítica ha surgido entre los partidos de la oposición a raíz de que el gobierno prefirió otorgar fondos a ONG y obviar otros pagos y compromisos de ley como el escalafón salarial de Salud Pública y las pensiones, entre otros.
Ante esto, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, ha diseñado un anteproyecto de ley que contempla responsabilidad administrativa, civil y penal para los miembros, directivos y representantes legales de las ONG que no cumplan con los parámetros detallados en la iniciativa que se conocerá hoy públicamente.
Entre las peculiaridades del anteproyecto se contempla el pago del 10% en concepto de fianza para las ONG que reciban un monto igual o superior a $100,000.
Para acceder a los fondos del Estado, las ONG no sólo deben estar inscritas legalmente, sino demostrar que están operando y el rubro de sus funciones, entre otros requisitos indispensables.
Te puede interesar: Universidad y organizaciones defienden fondos que les da el Gobierno
También define los proyectos que serán apoyados. Según la propuesta de ARENA son: gestión de la educación, capacitación y alfabetización; emprendedurismo y formación de competencia para la autogestión; salud, medio ambiente, género, vivienda, promoción de derechos humanos y cultura de paz; acceso a la justicia; y deportes.
Será el Consejo de Ministros o los Concejos Municipales en su caso los que definirán las bases de competencia, las cuales deberán ser publicadas tres meses antes de que el ministerio de Hacienda presente el presupuesto de la Nación a la Asamblea Legislativa.
El Consejo de Ministros evaluará los proyectos que concursen y definirá si cumplen con los requisitos o no.
El anteproyecto plantea que las ONG que tengan entre sus miembros, directivos, fundadores o representantes legales a personas vinculadas a partidos políticos están inhhabilitadas de participar.
Todas las ONG deberán tener experiencia previa en el rubro para el que piden apoyo económico y presentar finiquitos de la Corte de Cuentas.