El 16 de enero de este año, el abogado del expresidente Mauricio Funes y su hijo Diego Roberto, Enrique Antonio Araujo Machuca, presentó un recurso de revocatoria contra la resolución emitida por la Cámara Segunda de lo Civil que estableció que el expresidente podía declarar en la audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito desde Nicaragua, donde está asilado, pero no aceptó realizar cooperación judicial internacional para dichos trámites, asimismo previno al representante legal que en tres días hábiles pusiera a disposición los dispositivos tecnológicos necesarios para esa declaración.
Dicha diligencia causó la suspensión de la audiencia programada para un día después. La Cámara le dio plazo de tres días a la Fiscalía para que se pronunciara al respecto y señaló reprogramación del juicio civil, a espera que primero sea resuelto el recurso -que tiene un plazo de cinco días hábiles, pero el tiempo puede extenderse-.
La Fiscalía respondió a la revocatoria el 20 de enero y solicitó a la Cámara que la cooperación internacional fuera declarada sin lugar. No obstante, avaló que Funes diera su declaración mediante video conferencia desde Nicaragua pero que los costos corrieran a cuenta de la parte solicitante.
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Cuando Andrés Amaya, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía, fue cuestionado si lo realizado por el abogado era una forma de dilatar el proceso, respondió que la ley permite interponer recursos y que los procesados están actuando bajo esa posibilidad.
No es primera vez que el juicio contra Funes se aplaza, ya en varias ocasiones ha sido reprogramado.
Desde septiembre del año pasado cuando fue realizada la audiencia de aportación de pruebas, la Cámara fijó la audiencia probatoria, última en el proceso civil, para el 15 de noviembre, sin embargo, esta fue reprogramada para el 4 de enero.
Para esa fecha la audiencia también fue aplazada, ya que los abogados de los demandados alegaron que no podrían asistir a la Cámara porque a la hora señalada estarían en otras audiencias ya programadas.
Las partes fueron citadas nuevamente al tribunal para el 17 de enero, fecha en la que ocurrió la tercera suspensión.
Proceso de casi un año
El próximo mes se cumple un año desde que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con nueve votos de los magistrados, resolvió abrir juicio civil contra Funes y los demás procesados, porque no justificaron ante la Sección de Probidad el origen de $728,329.74 de su patrimonio.
En marzo 2016 la Fiscalía demandó al exmandatario en la Cámara Segunda de lo Civil.
En audiencia de aportación de pruebas en septiembre, los fiscales de la Unidad de Anticorrupción aportaron a la Cámara más de 250 pruebas con las que pretenden sostener la demanda que pesa sobre Funes y su grupo familiar.
El Ministerio Público considera como uno de los elementos más contundentes determinar el paradero de $639 mil provenientes del movimiento “Amigos de Mauricio”, conformado por personas cercanas al exmandatario.
Para ello los fiscales solicitaron a la Cámara un peritaje que estableciera si entre octubre y diciembre de 2009 existen evidencias en el sistema financiero o en el Ministerio de Hacienda que establezcan que Funes habría recibido dichos fondos y si estos habrían sido utilizados para la compra de dos vehículos.
Fiscalía también cuestiona por qué Pignato realizó gastos cuando no devengaba salario por su cargo como Secretaria de Inclusión Social. De igual forma el supuesto negocio de compra y venta de autos de Diego Roberto, quien no tenía formas de ingresos, según las investigaciones.
Funes declarará desde Nicaragua
El 10 de enero, Araujo Machuca solicitó a las dos magistradas del tribunal superior que aprobaran que Funes declarara desde la Embajada de El Salvador en Nicaragua debido al asilo político con el que cuenta desde diciembre de 2016.
“Me manifiesta mi representado Carlos Mauricio Funes Cartagena, que le es imposible comparecer a la cita realizada por vuestra digna autoridad, sin que ello suponga peligro para su vida e integridad personal”, planteó Araujo Machuca a la Cámara.
La Cámara resolvió al siguiente día la petición, pero le denegó la cooperación judicial internacional que también había pedido, porque consideró que la declaración de Funes había sido solicitada en territorio salvadoreño y tampoco era posible desplazar hasta Nicaragua a las partes vinculadas al proceso.
En ese mismo documento, el abogado solicitó que Funes realizara la declaración desde la Embajada de El Salvador en Nicaragua o no en su domicilio particular, alegando que la información podría hacerse de conocimiento público y la vida del exmandatario y su grupo familiar podría correr peligro.
El año pasado, el fiscal general, Douglas Meléndez, confirmó que Funes es investigado por cinco delitos por la vía penal: peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, que habrían sido cometidos en su administración.
Como parte de los procedimientos de investigación, fueron allanadas propiedades vinculadas al exfuncionario.