La Corte de Cuentas de la República (CCR) resolvió en un informe final del 1 de noviembre de 2016 que la alcaldía de San Francisco Morazán, en Chalatenango, no pudo subsanar varios reparos, tras un examen de auditoría realizado a esa comuna entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2015.
En ese periodo y según el informe final de la entidad contralora, la municipalidad gobernada en ese entonces por María Petrona Vásquez, bajo la bandera de ARENA, cometió varias irregularidades.
Entre ellas, el impago de descuentos de ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ya retenidos a sus empleados; la aprobación de los presupuestos de la alcaldía sin contar con el aval del Concejo; la contratación de obras de forma irregular; y erogaciones de fondos no acordadas previamente por el Concejo ni informadas al Tesorero Municipal.
Actualmente, la exalcaldesa es directora del Centro Escolar Alfredo Espino de ese municipio y desde el 27 de septiembre del año pasado dejó al partido ARENA para ser militante de GANA y buscar de nuevo la alcaldía en 2018.
Consultada sobre los hallazgos de la auditoría en su gestión municipal, Vásquez aseguró que desvaneció todos los reparos y que le parece extraño que la Corte haya resuelto que no fueron subsanados. Sin embargo, no recuerda exactamente cuáles eran los señalamientos y dijo no tener a la mano el examen de la CCR cuando se le preguntó.
Curiosamente, en el caso de la falta de traslado de los pagos de AFP, del ISSS y de la Renta, mencionó que no lo hizo porque dejó la alcaldía al no ser reelecta para el cargo en 2015, pese a que se le reiteró que el periodo auditado corresponde con su administración.
“Porque salimos de la alcaldía, porque cesamos de estar allí en la alcaldía. Ya no estando allí, ¿cómo lo haría (el pago)?”, refutó Vásquez.
Los reparos de la CCR
Según el informe final del ente contralor, se constató que la “Tesorera Municipal no remitió a las respectivas entidades los descuentos en concepto de Renta retenida a empleados y por servicios recibidos; así como también los descuentos efectuados por seguridad y previsión social” al ISSS y a las AFP Crecer y Confía, entre febrero y abril de 2015.
En concepto del impuesto de la Renta, el monto retenido por la exalcaldesa y que no fue trasladado al erario público durante el periodo en mención es de $3,161.64.
En ese mismo lapso, la municipalidad no trasladó al Seguro Social la cantidad de $1,922.13; a la AFP Crecer $429; y a la AFP Confía $1,989, haciendo un total de $4,340.13 en prestaciones sociales que fueron descontadas a los trabajadores de la alcaldía, pero que no fueron cancelados al ISSS y las AFP.
Con lo anterior, según la CCR, Vásquez violó el artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que la retención deberá entregarse en los 10 días hábiles después de su descuento en planilla de los trabajadores.
Además, afirma que violó el artículo 154 del Código Tributario y el artículo 19 de la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones, que detalla que los descuentos deberán reportarse dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en que se devengaron los ingresos afectos.
Asimismo, señala que la gestión de Vásquez, durante los ejercicios de 2014 y de 2015 presentó irregularidades en el mecanismo de aprobación de los presupuestos a ejecutar.
Según la CCR, no “fueron sometidos a la aprobación del Concejo Municipal, ya que no existe evidencia de Acuerdos Municipales que demuestren que las cifras de los presupuestos fueron aprobados por el Concejo Municipal para su legal ejecución”, reza el documento y añade que dicha acción contraviene el artículo 81 del Código Municipal.
Otro de los reparos se refiere a las erogaciones de fondos no acordadas previamente por el Concejo ni comunicadas al Tesorero municipal.
En el examen de auditoría se revela que la alcaldía adquirió materiales y servicios que fueron utilizados para la ejecución de proyectos de infraestructura que estaban destinados para otras obras.
Por ejemplo, el empedrado y fraguado de un tramo de la calle al caserío Las Toreras, del cantón Los Naranjos, de Chalatenango, por $32,094; la construcción de pasarelas peatonales en el caserío Paso Limón del cantón San Miguelito por $534,440, financiados con deuda y con el Fodes.
Asimismo, la comuna otorgó a personas particulares cuatro comodatos de inmuebles públicos que no son usados para obras sociales, sino para negocios por un plazo de 50 años. En estos, la municipalidad cubre el pago de energía eléctrica y servicio de televisión por cable.