Tras la conclusión de peritajes financieros basados en documentación relacionada con el proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa), que pretendía la reconstrucción de hospitales dañados por los terremotos de 2001, dicho caso fue reabierto en noviembre del año pasado por supuestas irregularidades, y ayer, 12 imputados enfrentaron el primer día de la audiencia preliminar.
Uno de los procesados es el exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela, a quien el Tribunal Tercero de Sentencia lo condenó en septiembre de 2014 a tres años de prisión por el delito de actos arbitrarios, pero la pena fue cambiada por 144 jornadas de utilidad pública.
El mismo tribunal absolvió al exfuncionario del desvío de fondos públicos. Sin embargo, en 2015 fue sobreseído provisionalmente del delito de negociaciones ilícitas, el cual se le imputa con la reapertura del caso y los análisis en poder de la Fiscalía.
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De acuerdo con un fiscal de la Unidad de Intereses del Estado, a Maza Brizuela se le atribuye la validación de un dictamen presentado por Wilfredo Aponte Cuéllar, hoy imputado y quien fungía como parte conciliadora en el proyecto Rhessa, y tal aprobación no le correspondía al exfuncionario.
La relación de la Fiscalía establece que Aponte Cuéllar acreditó reclamos de Guillermo Osegueda Gine, representante de la empresa constructora CPK Consultores S. A. de C.V, encargada de las obras en los hospitales.
Los reclamos, enfocados en la ampliación del plazo para terminar la reconstrucción del hospital San Pedro, en Usulután, también implicaban ampliación del precio del contrato para la ejecución de la obra, que aumentaría en 1 millón 734.598 dólares, en cuatro meses.
La parte acusadora sostiene que los reclamos de CPK no eran procedentes porque el requisito era que la obra no estuviera en retraso, y para entonces lo estaba.
Según la Fiscalía, Aponte Cuéllar tenía la obligación de revisar el contrato bajo las normas contractuales, pero plasmó en el dictamen que las observaciones de la empresa eran aceptables.
Además, el contrato establecía que para que hubiera un sobrecosto de los equipos a pagar debía haber una circunstancia de fuerza mayor, pero este punto fue justificado por el conciliador con una crisis económica mundial en 2008.
De igual forma, Aponte Cuéllar avaló que las obras se pagaran retroactivamente, es decir, aunque estas estaban retrasadas, las “pusieron al día”, no porque estuvieran finalizadas, sino que las alargaban, lo cual hizo que a CPK le comenzaran a derogar fondos.
A pesar de todas estas circunstancias, según Fiscalía, Maza Brizuela, en su cargo como ministro y cabeza de Rhessa, habría avalado lo planeado por CPK, cuando, se supone, tenía la obligación de decir que el mismo contrato establecía que se fueran al arbitraje y era probable, sostiene el Ministerio Público, que este fuera ganado a nivel internacional.
Asimismo, la Fiscalía señala que el exfuncionario le ordenó al ministro de Hacienda de entonces que el dinero destinado para el hospital de Maternidad pasara para el hospital San Pedro, en Usulután, para cuando él abandonara el cargo de ministro de Salud el dinero quedara con ese fin.
Osegueda Gine prófugo y buscado por Interpol
Gerardo Osegueda Gini, representante legal y dueño de la empresa CPK procesado por la construcción de los hospitales en el caso Rhesa había sido localizado por la Interpol en España en agosto de 2014, supuestamente había sido detenido y se había iniciado el trámite de su extradición a El Salvador; sin embargo, escapó.
Publicaciones de esa época citan que la Fiscalía General había confirmado la captura de Osegueda Gine y tenía medidas de restricciones a su libertad mientras se realizaban los trámites de extradición. El dueño de CPK logró escapar por lo que se le puso nuevamente orden de captura internacional, sigue prófugo.