Pese a que la oposición política ha propuesto al gobierno financiar parte de los gastos que no están incluidos en el presupuesto del presente año con ahorro estatal, el Ejecutivo prefiere hacerlo por la vía de más impuestos y con la aprobación de más deuda.
La justificación del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, es que elevar la carga tributaria de los salvadoreños del 15.8% en 2016 al 17.5% en 2017 y así gradualmente hasta 2019 no sólo aliviaría el financiamiento del gasto estatal, también le permitiría al país reducir el déficit fiscal que ronda los $300 millones anuales, aunque el déficit total oscilará en unos $700 millones en tres años, ahondó.
De no crear más impuestos, Cáceres aseveró que el déficit tendrá que seguir siendo pagado con más deuda; “no hay de otra”, explicó ayer a los diputados de la Comisión de Hacienda, quienes lo convocaron para que ampliara sobre los gastos que omitió poner en el presupuesto de 2017.
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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su último informe de coyuntura informó que el déficit fiscal es de $1,000 millones y que el nivel de deuda gubernamental alcanza ya el 61.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
“A mí hasta se me paró el poco pelo que tengo”, ironizó Francisco Merino, del PCN, al saber que esa es la cifra que tiene al borde del colapso financiero al país.
La propuesta del titular de Hacienda de aumentar los impuestos ocurre luego de que en los siete años que tiene el FMLN en el poder han aplicado más de una veintena de nuevos cargos y han elevado varios tributos que ya estaban vigentes, a través de tres diferentes reformas tributarias.
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A la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, de ARENA, le resultó incómodo que, por un lado Cáceres pida aumentar la carga tributaria y, por el otro, afirme que lo proyectado en recaudación para 2017 es de $4,500 millones y que incluso son $300 millones más que el año pasado. “¿A cuántos más van a afectar con más impuestos?”, reclamó De Escalón.
La urgencia de obtener más fondos para subsanar los gastos impostergables podría llevar al gobierno a hacer una reestructuración de la actual contribución que pagan los salvadoreños del 5% en la telefonía para seguridad, según lo manifestado por Cáceres.
De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de GANA, ya puso el dedo en el renglón sobre el uso de ese impuesto que se aprobó únicamente para seguridad y que, según Gallegos, el gobierno lo estaría orientando para otros rubros. El partido naranja se opone a crear más impuestos.
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Pero Cáceres se escuda en que la Ley de Responsabilidad Fiscal exige ajustes en los ingresos y en el gasto, y de paso cuestionó que si los partidos no están dispuestos a cumplirla para qué la aprobaron.
“Ahora queremos traer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que venga a formalizar un acuerdo que implique un ajuste que nadie quiere cumplirlo”, reprochó.
Para los diputados, el ajuste va más encaminado a encontrar $800 millones que Cáceres no colocó en el presupuesto que presentó a la Asamblea en septiembre pasado y que la oposición política no aprueba, porque no contempla partidas que son de ley como el escalafón para salud pública, las pensiones de los militares y el subsidio a la energía, entre otros compromisos.
Para ellos se debe buscar el ahorro gubernamental y la emisión de más bonos y préstamos, siempre y cuando el gobierno cumpla con los principios establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En la reunión de ayer también hubo momentos de tensión cuando Cáceres les achacó a los diputados que si quieren recortar gasto que le digan dónde, porque tal como está distribuido no se puede. “Lo que pasa es que no hay dónde sustituir gasto, es muy poco”, argumentó.
De allí vino una vorágine de cuestionamientos de parte de los legisladores. Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, manifestó que es preocupante que no estén detallados $227 millones para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP), entre otros gastos.
Ponce añadió que su partido tampoco estaría acompañando la aprobación de más impuestos como lo pide Cáceres.
El titular de Hacienda justificó que el pago de los CIP no viene en el presupuesto, pero sí están detallados en los $300 millones del déficit fiscal, y así otros gastos como el pago del subsidio a la energía que la CEL lo va incorporando conforme a sus ingresos, dijo.
Donato Vaquerano, de ARENA, recriminó que el gasto presentado esté desfinanciado y que no se busque el ahorro sino castigar a la población con más tributos.
Cáceres salió al paso de las acusaciones diciéndoles que si creen que el gasto que les llevó para su estudio es inconstitucional que lo demanden en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Es más, admitió que el presupuesto 2017 no contiene todos los gastos, pero según Cáceres es “menos mentiroso” que los presupuestos que se aprobaban en los gobiernos anteriores.