Desde octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó ocho juicios civiles por presunto enriquecimiento ilícito contra seis exfuncionarios y dos actuales funcionarios. Los procesos fueron abiertos luego que los magistrados del máximo tribunal conocieran el informe de la Sección de Probidad de cada uno de los investigados.
Uno de los casos, el relacionado con el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, ya concluyó con el fallo de la Cámara Segunda de lo Civil que estableció la culpabilidad del exfuncionario y de su esposa, Denisse Karina de Flores, de haber incrementado su patrimonio de forma ilícita con $812,740.62.
Al hacer una suma del dinero acumulado en todos los procesos, la cantidad cuestionada por Probidad asciende a $270 millones. Pero tomando en cuenta el proceso penal en el que el expresidente Elías Antonio Saca, tres exfuncionarios de su administración y tres empleados de Casa Presidencial que son acusados de haber desviado $246 millones de fondos del Estado, la cifra aumenta a 273.8 millones.
El proceso penal de Saca fue abierto por la Fiscalía General semanas después que la CSJ enviara a juicio civil al exsecretario privado de la Presidencia en el período de Saca, Élmer Charlaix, señalado de haberse enriquecido con $19 millones, según la investigación que realizó Probidad.
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A continuación se presenta un resumen de cada uno de los juicios civiles, comenzando por el de Flores Sosa, abarcando al expresidente Mauricio Funes y también al exfiscal general, Luis Martínez, el primero investigado, además, por cinco delitos penales y el segundo acusado de cuatro delitos de corrupción.
El dinero cuestionado por Probidad habrían sido tomado por los procesados durante su gestión, valiéndose de sus cargos para incrementar su patrimonio, un patrimonio que hasta el momento no han sabido justificar.
Expresidente Elías Antonio Saca
Supuesto desvío: $246 millones
Patrimonio no justificado: $5 millones
El expresidente Elías Antonio Saca también se encuentra en la lista de los funcionarios que no justifican millonarios patrimonios. En febrero la Corte Suprema de Justicia lo envió a juicio junto a su esposa, Ana Ligia de Saca, por indicios de enriquecimiento ilícito de $5,062,371.
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Pero Saca enfrenta un proceso penal, porque es acusado de haber desviado 246 millones de dólares de la partida secreta de Casa Presidencial en su gestión. Al caso está vinculado su exsecretario privado, Élmer Charlaix; su exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank; y el entonces secretario de la Juventud y expresidente de Anda, César Funes; además de tres empleados de la Presidencia.
Los imputados guardan prisión en la División Antinarcóticos de la Policía. Y la Cámara Primera de lo Penal todavía no resuelve si el imputado podría gozar de libertad condicional, como lo han solicitado sus abogados.
Expresidente Mauricio Funes
Patrimonio no justificado: $728,329.74
El expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Roberto, y la exprimera dama Vanda Pignato enfrentan juicio en la Cámara Segunda de lo Civil por no justificar el ingreso de $728,329.74 a su patrimonio. El tribunal ha programado para el 17 de este mes la audiencia probatoria.
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Con este proceso en su contra y una investigación por cinco delitos que habrían sido cometidos en su administración, el exfuncionario se encuentra con “asilo político” en Nicaragua. En la audiencia pasada su defensor, Enrique Antonio Machuca, propuso que Funes se presentara al juicio para declarar. La Fiscalía cuenta con 290 pruebas, entre ellos la compra y venta de autos de uno de sus hijos, Diego Funes, quien no ha establecido una forma de ingreso económico.
Alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez
Patrimonio no justificado: $207,252.44
Por la vía civil, el 2016 terminó con el envío a juicio del alcalde de Olocuilta, La Paz, por el partido ARENA, Marvin Rodríguez, quien según la Corte Suprema de Justicia tenía indicios de enriquecimiento ilícito por $207,252.44.
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Un punto importante que evaluó la Sección de Probidad de la Corte fue que también habían indicios para que la Fiscalía General investigara al funcionario por la vía penal por los delitos de desvío de fondos públicos, negociaciones ilícitas y falsedad documental, debido a que el edil habría adquirido una propiedad con cheques emitidos por la municipalidad.
Se determinó, además, que Rodríguez había creado un “fondo solidario” con dinero presuntamente extraído de cuentas bancarias de la alcaldía.
Exdiputado Douglas Mejía Avilés
Patrimonio sin justificar: $315,222.69
Douglas Mejía Avilés, exdiputado del extinto partido Cambio Democrático, y su esposa, Brenda Quezada, quien es empleada de la Corte de Cuentas de la República, no pudieron justificar ante la Sección de Probidad de la Corte el origen de $315,222.69 de su patrimonio, por lo que el máximo tribunal encontró indicios para enviarlo a juicio civil.
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La decisión fue tomada por los magistrados del máximo tribunal el 24 de noviembre del pasado año, convirtiéndose en esa forma en el sexto exfuncionario en enfrentar un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. El día que el caso fue abierto, el exfuncionario alegó en su cuenta de Twitter que había presentado pruebas ante Probidad y los documentos “no se tomaron en cuenta o no se les dio validez”.
Exdirector del ISSS, Leonel Flores Sosa
Enriquecimiento ilícito: $812,740.44
El 5 de diciembre pasado la Cámara Segunda de lo Civil estableció que el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, se enriqueció ilícitamente con $812,7640.62. El exfuncionario estuvo al frente de la autónoma del 11 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, durante la administración del expresidente Mauricio Funes.
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El tribunal superior decidió enviar el fallo del caso a la Fiscalía General para que proceda a investigar a Flores Sosa por la vía penal.
Además de emitir el informe al Tribunal de Ética Gubernamental para indagar si el exfuncionario habría infringido la Ley de Ética Gubernamental junto a otros cuatro exempleados del ISSS; y al Ministerio de Hacienda para determinar si hubo infracciones a las obligaciones tributarias.
Diputado, directivo de Asamblea Legislativa, Reynaldo L. Cardoza
Patrimonio no justificado: $1.3 millones
El actual diputado del PCN por el departamento de Chalatenango y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Reynaldo López Cardoza, y su esposa Ana Yaneth Gutiérrez de Cardoza, fueron los primeros en enfrentar un juicio civil, tras no justificar ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia el incremento patrimonial de 1.3 millones de dólares.
El caso es conocido por la Cámara Segunda de lo Civil. El tribunal todavía no ha programado la audiencia probatoria, donde se determinará la inocencia o culpabilidad del funcionario. López Cardoza tiene antecedentes penales, en 2005 fue acusado de tráfico de personas y fue procesado por violación en perjuicio de dos menores. Ahora es directivo de la Asamblea.
Exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix
Patrimonio no justificado: $19 millones
Élmer Charlaix, exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca fue enviado a juicio civil el 13 de octubre del año pasado por no justificar el origen de $19,109,060. Hasta el momento es la cantidad más alta casos de enriquecimiento ilícito.
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La madrugada del 30 de octubre, las autoridades capturaron al expresidente Antonio Saca, dos exfuncionarios de su gabinete y tres empleados de Casa Presidencial, en la boda de uno de los hijos del exmandatario. Charlaix llegó hasta la División Antinarcóticos a entregarse. El informe de Probidad con la declaración patrimonial del Charlaix fue clave para que la Fiscalía iniciara una investigación por el supuesto desvío de $246 millones de dólares de la partida secreta de la Presidencia de 2004 a 2009.
Exfiscal General Luis Martínez
Patrimonio no justificado: $486,213.80
El exfiscal general Luis Martínez no solo ha sido acusado por la misma institución que él dirigió entre 2012 y 2014 de dos casos de presunta corrupción.
A penas dos meses después que fuera liberado por órdenes de la Cámara Primera de lo Penal tras una apelación de su defensa en el caso de divulgación de audios en perjuicio del español Antonio Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia ordenó que fuera procesado por el presunto enriquecimiento ilícito de $486,213.80
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Martínez, en su declaración patrimonial, dijo haber recibido sobresueldos de Casa Presidencial mientras fue funcionario. Alegó que en el 29 meses de gobierno del expresidente Mauricio Funes y 7 meses de Salvador Sánchez Cerén había recibido entre $10 mil y $20 mil de delegados de Capres que “no identificó”.
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