La Dirección de Centros Penales hizo una fiesta navideña a sus empleados el 9 de diciembre de 2016 a un costo de 4,400 dólares, pese a que el propio presidente Salvador Sánchez Cerén recordó el 25 de noviembre pasado que ninguna oficina de gobierno tenía autorizado realizar ese tipo de eventos como parte de la política de austeridad.
El 7 de noviembre anterior, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, envió un escrito a todas las instituciones gubernamentales con la prohibición de hacer fiestas de Navidad ni de Año Nuevo, ni comprar regalos, tarjetas, canastas, agendas ni vales de supermercado usando fondos gubernamentales.
“Considerando que se aproximan las festividades de Navidad y Fin de año, se suspende el uso de los fondos públicos para la celebración de fiestas o reuniones alusivas a la época”, reza la disposición.
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También hace la advertencia que si alguna entidad del Estado decide llevar a cabo eventos de esa naturaleza deberá financiarlo con fondos personales.
“Teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesan las finanzas públicas, este Ministerio cumpliendo con su función de garantizar la sostenibilidad fiscal se encuentra realizando esfuerzos por promover el uso eficiente y óptimo de los escasos recursos públicos, por lo que es indispensable la implementación de medidas adicionales de contención del gasto público para lo que resta del presente ejercicio fiscal”, dice el escrito enviado por Cáceres.
El titular de Hacienda también dice en la nota que “exhorta” a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Cuentas a “contribuir con esta campaña de austeridad” que impulsa el gobierno.
Sin embargo, ni la Dirección de Centros Penales ni el Ministerio de Trabajo, al menos dos de los casos conocidos, obedecieron ese mandato.
En documentación en poder de este periódico se detalla que la Dirección de Centros Penales contrató a una empresa suministradora de banquetes para que le elaborara “550 platos de comida para una Fiesta Navideña”.
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También se revela que le prestaron servicio de cristalería, de sillas, mesas, y el montaje del evento, así como de 55 pascuas naturales, todo a un costo de $4,400.
La fiesta se realizó el 9 de diciembre de 2016 y según información que maneja la diputada, Karla Hernández, de ARENA, el evento se realizó en uno de los salones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco).
Este periódico consultó al Director de Centros Penales, Rodil Hernández, vía teléfono para corroborar sobre la fiesta navideña, pero el funcionario se limitó a contestar que la diputada Hernández ya había solicitado toda la información relativa al evento por medio de una solicitud al Oficial de Información Institucional (OIR) y que será a ella a quien le brindarán detalles.
La diputada Hernández sostuvo que solicitó los datos el 20 de diciembre de 2016. En la nota pide que le informen sobre la “forma de pago utilizada para cancelar el servicio de banquetes, el alquiler de las instalaciones, música y demás bienes y servicios utilizados en la organización...”, entre otros aspectos.
En el caso de la fiesta navideña a los empleados del Ministerio de Trabajo, el gasto fue justificado por la ministra Sandra Edibel Guevara Pérez como una obligación ya prevista en el contrato de trabajo colectivo del ministerio.
El noticiero Teledos publicó en su cuenta oficial de Twitter un memorándum con fecha 16 de diciembre en donde se lee que la misma titular convocó al personal a un “convivio” para el 21 de diciembre desde la 1:30 p.m. hasta las 8:30 p.m. en el Cifco. En este mismo lugar se hizo la fiesta de Centros Penales.