Para los diputados, el nuevo año comienza con una agenda apretada de temas polémicos por aprobar, como una emisión de $650 millones en bonos para darle liquidez al gobierno y nuevos préstamos para seguridad. Este estancamiento podría agravarse debido a que 2017 es año preelectoral.
El principal tema tiene que ver con las finanzas del Estado, debido a que 2016 terminó sin que la Asamblea Legislativa aprobara el presupuesto para el funcionamiento del gobierno de 2017.
El Salvador tendrá que operar con el mismo monto que se utilizó el año pasado, dado que la oposición política no dio sus votos por el proyecto de ingresos y egresos cifrado en $4,957.8 millones presentado en septiembre del año pasado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
Pese a que este refleja un incremento de $97 millones en comparación con 2016, el plan de gasto anual no contempla compromisos de pago que debieron incluirse para no caer en una crisis fiscal como la que agobió al país en el último trimestre del año pasado.
Según los diputados opositores, son cerca de $300 millones los que hacen falta para que el gobierno pague el escalafón de los empleados de Salud Pública, la pensión de los militares retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), un monto aún no determinado para los beneficios que la Ley de Veteranos de Guerra obliga para los excombatientes del FMLN y del Ejército.
Además, hay otros $221 millones para honrar la deuda de pensiones que vence en 2017 y que el titular de Hacienda no incluyó en el presupuesto, pues tenía la certeza que pagarían ese compromiso con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que la Asamblea aprobó en 2016 para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con el dinero de los mismos cotizantes de las AFP, pero que posteriormente la Sala de lo Constitucional declaró ilegal.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), indica que hay un faltante de $808 millones en el proyecto de presupuesto, entre ellos, rubros sensibles como el pago de subsidios y devoluciones de renta, producto de que el gobierno, según Fusades, siempre hace una sobreestimación de los ingresos tributarios.
A la fecha, las posibilidades de aprobarlo dependen de que el gobierno logre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que haga varios ajustes financieros, entre ellos, políticas de austeridad que le permitan cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que la Asamblea avaló a cambio de la emisión de un primer tramo de $550 millones en bonos de $1,200 millones que el gobierno urgía para terminar 2016.
Al finalizar el año, el presupuesto no fue rectificado por el gobierno y lejos de eso, el planteamiento del FMLN es buscar los recursos ya sea a través de más impuestos o de nueva deuda pública.
Pensiones
Aplicar una reforma integral al sistema de pensiones es otro tema pendiente en la Asamblea. En esta área la mayoría de partidos están convencidos que hace falta hacer cambios para que el actual régimen de ahorro individual administrado por las AFP siga siendo sostenible y que a la vez, el Estado pueda cumplir con el pago de los jubilados del sistema antiguo de reparto bajo el cual están cobijados los pensionados del INPEP.
Para ello, el gobierno ha propuesto crear un sistema mixto en donde obliga a gran parte de los cotizantes del sistema privado de AFP a tener que entregar sus ahorros de pensiones al Estado, y a otro grupo, una parte de los fondos. Esta moción ha encontrado resistencia en los partidos.
Empresarios, organizaciones y el partido ARENA han llamado a este mecanismo una “confiscación” de las pensiones.
El Ejecutivo argumenta que pagarle a los jubilados del sistema antiguo es lo que tiene en aprietos fiscales al gobierno y que si no se hace una reforma del sistema previsional actual, tener fondos para saldar ese pago será siempre el talón de Aquiles de los gobiernos de turno.
Préstamos
ARENA cuestiona que los últimos dos gobiernos del FMLN han sido insaciables en pedir préstamo tras préstamo y que a pesar de tener endeudado al país en más de $17,000 millones, según cifras hasta julio del año pasado del Banco Central de Reserva (BCR), nunca alcanza por la falta de austeridad y mala administración de los fondos.
Esta es la razón por la que la bancada tricolor no cede sus votos para ratificar varios préstamos que están en el tintero, uno de ellos es por $100 millones para seguridad.
El ministro del ramo, Mauricio Ramírez Landaverde, ha llegado en dos ocasiones a la Asamblea a explicar a los diputados que esa deuda será totalmente para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC).
Ramírez Landaverde informó que $35.5 millones son para ejecutar 8 proyectos de infraestructura; $40.5 millones para renovar la tercera parte de la flota vehicular; $16.9 millones para modernizar el área de telecomunicaciones y crear la Policía Técnica Científica, que implica la adquisición de equipo tecnológico para desarrollar las unidades de Genética e Informática Forense.
Fortalecer el combate al crimen y las pandillas es una de las prioridades que el gobierno dice tener, sin embargo, ARENA no apoya la nueva deuda porque la Asamblea aprobó en mayo de 2016 la emisión de $152 millones en bonos que serían directamente para las medidas extremas de seguridad. De ese monto, el acuerdo fue destinar $43.7 millones para la PNC.
También, en octubre de 2015 los diputados autorizaron un nuevo impuesto del 5% a la telefonía y a los contribuyentes cuyas ganancias netas superen $500,000 al año, dinero que serviría para aplicar los planes de seguridad.