En los últimos doce meses, El Salvador ha sido testigo de un inusitado número de casos de corrupción que han salido a la luz y muchos de estos han vinculado a altos exfuncionarios de gobierno.
Estas revelaciones llevan a Roberto Burgos, director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), a pensar que 2016 ha sido el año de los ciudadanos, quienes pusieron a funcionar a las instituciones y las obligaron a asumir su rol.
En una entrevista con El Diario de Hoy, Burgos afirmó que en adelante el reto queda en manos de los jueces, quienes deberán asegurarse de que todo el que haya cometido actos de corrupción reciba la sanción correspondiente. Este es su balance del año:
¿Ha mejorado o desmejorado la institucionalidad a lo largo del año?
Si tuviera que calificar a este año en lo relativo a institucionalidad, transparencia y combate a la corrupción diría que ha sido el año de los activistas y los ciudadanos, que llevaron a las instituciones a actualizarse. Este activismo se ha traducido en decisiones de instituciones que vuelven a ser reconocidas por su valía en el fortalecimiento del Estado de Derecho, como la sección de Probidad (de la Corte Suprema de Justicia), el pleno de esta Corte, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública que pronunció resoluciones valiosas en pro de ampliar el alcance de este derecho. Por otra parte, el Tribunal de Ética Gubernamental es la deuda pendiente del 2016 y justo va a renovarse el próximo año.
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En este balance, creo que el contenido de las pretensiones ciudadanas está cambiando. En los últimos 4 años nos habíamos conformado con conocer documentos que reflejaran gastos, contrataciones y decisiones. Este año lo comenzamos cuestionando públicamente el alcance de algunas decisiones de los partidos políticos y pongo algunos ejemplos concretos:
La negociación de ambos partidos políticos con las pandillas, que tuvieron un innegable alcance público en la seguridad ciudadana y sobre lo cual demandamos transparencia.
La transparencia va a llegar también a los acuerdos políticos. Ya no queremos acuerdos bajo la mesa pues eso producen revelaciones como el vídeo de un exfiscal general reunido con un empresario recibiendo sobres de dinero.
El activismo tiende a tener picos, pero ¿qué tan sostenible puede ser esto? No se puede ser un activista 24 horas al día, 7 días a la semana…
Correcto. El activismo también corresponde a momentos coyunturales muy específicos. Lo que sí va a lograr mantener esta clase de revelaciones y de demandas, desde mi punto de vista, es que es una primera serie de peticiones y casos que se están revelando que le da la oportunidad a las instituciones de demostrar que pueden lograr un funcionamiento correcto. Que puede haber funcionarios independientes que respeten el juramento que hicieron ante la Constitución. Ese fue uno de los objetivos cuando unas personas pedimos las declaraciones patrimoniales presidenciales, queríamos probar que aunque se le había devuelto la facultad a la sección de probidad esta no lo estaba haciendo, en segundo lugar queríamos que las hiciera, en tercer lugar queríamos que se comprobara el enriquecimiento ilícito y en cuatro lugar que el resultado se compartiera con toda la sociedad. Cumplimos los cuatro objetivos a cabalidad. Comenzamos dos ciudadanos pidiendo la información. Al mes había 1,300 ciudadanos pidiéndolas y un año después hay 6,000. Tenemos que pasar del acceso a la información a la indignación y la transformación de este país. Ahí todos tenemos un papel que cumplir.
¿Se está saneando la política en El Salvador con esta batalla?
Creo que esto puede ayudar a sanearla si se profundizan estos avances. Apenas hemos dado pasos iniciales, estamos pasando del secreto a las revelaciones. Apenas estamos empezando a compartir la indignación, pero aún no hemos llegado a tomarnos una plaza pública como en Guatemala el año pasado.
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No hemos pasado la experiencia de garantizar que la corrupción y la falta de transparencia deje de ser socialmente aceptable. Todavía consideramos que viene a ser como un atributo propio de la política como tradicionalmente se ha entendido que se abuse de los privilegios. En este tema estamos dando pasos iniciales. En este año, creo que nos hemos dado cuenta que nadie va a hacer el trabajo por nosotros.
Decías que 2016 fue el año de los ciudadanos. ¿Qué debería ser 2017?
2017 para mí es el momento histórico para el sector justicia. Han pasado 25 años de la firma de la paz y el órgano judicial sigue no solo como en un letargo sino, como el mismo fiscal dijo, existen ‘clicas’ y redes criminales enquistadas en el aparato de justicia. El fiscal está haciendo su trabajo, los ciudadanos estamos haciendo lo que podemos hacer, el periodismo de investigación indudablemente ha hecho su trabajo. Es el momento de los jueces. Si estos no son capaces de juzgar y ejecutar lo juzgado y darle a cada quien lo que le corresponde, pues será el momento de las comisiones internacionales en 2018.
De parte de la diplomacia y de los gobiernos amigos y organismos internacionales hay un interés evidente en que los recursos que envían desde sus sociedades lleguen a sus destinatarios. La solidaridad entre ciudadanos del mundo se ve interrumpida también por la corrupción.
¿Qué hay de las acusaciones de que estas expresiones de la comunidad internacional son injerencias de la política interna?
Para cualquier gobierno autoritario hay un nacionalismo que sirve para esconder los pecados propios y estos gobiernos no han sido la excepción. Es irónico que reclamen injerencia internacional cuando fue precisamente esta comunidad internacional la que garantizó su vida y su integridad cuando algunos de nuestros funcionarios eran presos políticos en los setentas y ochentas. Es increíble que señalen que hay injerencia cuando ha sido mediante actos soberanos, legales e institucionales que esta administración ha firmado convenios donde se establecen mecanismos de transparencia y seguimiento del uso de los fondos. Lo que hay es mucha hipocresía y un doble estándar entre lo que se dice dentro del país y lo que se hace afuera.
Parece ser entonces que 2016 ha sido un año de avances…
Ha sido un año de avances para ver lo que está bien y lo que está muy mal en el país, pero no ha sido un año de soluciones. Hay algunas batallas que dimos en el pasado los ciudadanos y que creíamos que ya se habían erradicado como las donaciones desde órganos de estado a particulares o fundaciones de los mismos políticos. Esto prueba que si no hay una observación constante y las instituciones no juzgan y sancionan a los responsables, los políticos no van a cambiar y los únicos que cambiamos somos los ciudadanos.
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¿Cuáles han sido las actitudes de nuestros funcionarios ante la transparencia?
Sigue habiendo una identificación del peticionario de información o de las voces críticas como opositores políticos en el peor sentido de la guerra fría, como un opositor a vencer y eliminar. Por eso es que veíamos que el FMLN en sus concentraciones recientes seguía repitiendo el lema de “unidos siempre hasta vencer”. Yo me preguntaba contra qué y a quiénes. Observamos un acentuado autoritarismo contra los ciudadanos que ejercen sus derechos, no importa cuál sea. Se le sigue viendo de manera sospechosa, como una amenaza y es por eso que se vuelve a hablar de golpes blandos, de conspiraciones de la Sala de lo Constitucional y otras mentiras y conspiraciones.
Este panorama nos deja el mal sabor de que la democracia sigue estando en juego en El Salvador, pero ¿es esto prioridad para el salvadoreño?
Como me dijo alguien una vez, ‘yo no como Constitución y mis hijos tampoco’. La democracia no es muy apreciada en El Salvador y es que las necesidades básicas aún no están cubiertas para la mayoría. Quienes ejercemos vigilancia sobre estos derechos somos privilegiados porque tenemos resueltas esas necesidades básicas.
En esto tiene mucho que ver la seguridad ciudadana porque la participación política y democrática requiere el uso del espacio público, porque es ahí donde se intercambia y se debate. En El Salvador, las personas pasan de su trabajo o estudio a casa, a encerrarse y cualquier beligerancia individual o colectiva puede tener respuesta violenta de la autoridad o de las pandillas y el crimen organizado, que a veces se confunden. Mientras no se garantice la seguridad de los ciudadanos, el aprecio a la democracia será débil y eso nos pone a las expensas de los antidemocráticos, pues ellos siempre se activan.