Edwin Urías dejó botados poco más de 20 años de trabajo en la Policía Nacional Civil (PNC), contactó a un “coyote” y se fue con sus tres hijos y su esposa hacia Estados Unidos.
Urías no aparece como uno de los casi 200 elementos policiales que han renunciado a la corporación.
Él no renunció, pidió un permiso por varios años. Dijo que iba a viajar y que pondría un negocio.
En la PNC no le preguntaron nada más. Se la firmaron y ya. Pero la verdad tras ese permiso es otra; tras esa excusa para conseguir el permiso subyace la necesidad del agente de ponerse a salvo de las pandillas, él y su familia.
Urías vivía en una zona rural del municipio de San Bartolomé Perulapía, en el departamento de Cuscatlán, donde la pandilla 18 Sureños ejerce control territorial.
De acuerdo con el relato que hizo el agente policial a El Diario de Hoy, el 17 de septiembre, mientras se encontraba de licencia, varios pandilleros llegaron a su casa.
Uno de ellos llevaba un teléfono y quiso entregárselo a Urías, con la consabida frase que usan los pandilleros para extorsionar o amenazar a sus víctimas: “Aquí le quieren hablar del penal”.
El policía se negó rotundamente a recibir la llamada. Les dijo que no tenía nada de qué hablar con nadie que estuviera en un penal.
El pandillero que le extendió el teléfono le dijo que tenía solo una semana para que se fuera del lugar o de lo contrario él, su mujer o los hijos sufrirían las consecuencias.
Para cuando eso ocurrió, Edwin estaba destacado en la zona de Jiquilisco, departamento de Usulután.
De acuerdo con cifras reveladas por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Usulután es el departamento de donde más elementos policiales han renunciado durante este año.
Esa agrupación, que asegura defender los derechos de los policías, indicó recientemente que hasta octubre de este año, aproximadamente 163 policías habían renunciado a sus trabajos debido al poco respaldo que la cúpula policial les ofrece cuando son objetos de amenazas por parte de pandillas o durante procedimientos policiales.
Luego de analizar junto a su familia qué se podía hacer ante las amenazas, el policía decidió denunciar las amenazas en la oficina de la Fiscalía General de la República que funciona en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
Y de inmediato decidieron que lo mejor era buscar refugio en otro país.
“No informe a la jefatura de Usulután por que no tuve mucho tiempo pero también porque no creí que pudieran darle la debida importancia o atención a mi informe; preferí proceder a interponer la denuncia en la Fiscalía de Cojutepeque”, afirmó.
El expolicía asegura que no conoció a ninguno de los pandilleros que llegaron a amenazarlo. “No eran pandilleros del mismo lugar. Cuando ellos van a hacer algo así (amenazas, asesinato o extorsión) casi siempre mandan a pandilleros desconocidos, que viven en otro lugar”, explicó.
Denunciar, pedir permiso, contactar a un coyote...
Antes de que se venciera el ultimátum que le dieron los pandilleros, Edwin se mudó del lugar para evitar que cualquiera de su familia fuera asesinado o desaparecido, como suele suceder con muchas personas a quienes los pandilleros consideran sus enemigos.
Contactó un coyote (traficante de personas) y arreglaron el costo del viaje.
Normalmente, un coyote cobra siete mil dólares por llevar a una persona a Estados Unidos de forma ilegal. Pero en este caso, por viajar los cinco miembros de la familia, le ofrecieron un precio especial: 25 mil dólares por todo.
Así, el 14 de octubre salieron por la frontera La Hachadura, en Ahuachapán, hacia Guatemala, luego tomaron la carretera que lleva al departamento de El Petén para llegar a El Naranjo, un pueblo fronterizo con México.
En el paso por Guatemala no hubo ningún sobresalto. Fue como un paseo, cuenta Edwin.
En Palenque, cuando buscaban llegar a Villa Hermosa, Edwin y su familia fueron capturados por autoridades mexicanas; los trasladaron a una cárcel de Tapachula, donde estuvieron seis días, luego los deportaron a El Salvador.
Pero ese mismo día, el coyote se los llevó de nuevo.
Esta vez, en cuanto cruzaron el río San Pedro, para pasar del lado mexicano en el municipio de Tenosique, una “troca” (pick up) los llegó a recoger para llevarlos hasta Villa Hermosa, la capital del estado de Tabasco.
Allí permanecieron 10 días encerrados en una casucha de lámina junto a unas 30 personas más.
Luego fueron trasladados hacia Reynosa, capital del estado de Tamaulipas, norte de México, en un furgón donde iban aproximadamente 170 inmigrantes ilegales.
Ese viaje fue el más duro, según cuenta el ex policía, pues no comieron y apenas bebieron agua durante dos días.
El menor de sus hijos, que recién acaba de cumplir ocho años, le pedía que se regresaran a El Salvador.
“Me hizo llorar varias veces al mirar cómo iba sufriendo”, relata el expolicía.
Al llegar a Reynosa se enfermaron todos.
Tenían mucha hambre y comieron cuanto pudieron de unos frijoles blancos con agua amarilla sin sabor. Pero el hambre pudo más. Se repitieron una y otra vez. Luego se enfermaron del estómago.
Pero todo ese sufrimiento, según Edwin, no fue nada en comparación con el temor de que en México pudiera perder a alguno de sus tres hijos o a su esposa. Fue un temor que nunca lo abandonó, dice.
El viaje duró un mes completo. Salió de El Salvador el 14 de octubre y pisó territorio estadounidense el 14 de noviembre. En el viaje también iba un cabo de la Policía quien viajaba con un hijo.
“En el mes que tengo de estar aquí me he dado cuenta que otros seis compañeros acaban de llegar”, afirma Edwin, quien considera que la cantidad de policías que desertan o, como él, que piden permiso para hacer el viaje, se ha incrementado en un diez por ciento.
No obstante, las autoridades policiales negaron el mes anterior que hubiera una deserción masiva de elementos policiales por temor de ser asesinados por miembros de las pandillas.
Hasta el pasado 23 de diciembre, 44 policías habían sido asesinados por grupos de pandillas, la mayoría de éstos mientras estaban de licencia.
El pasado 23 de noviembre, la cifra aumentó a 45 cuando se comprobó que los restos humanos recuperados en el cantón San Lázaro, municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente, correspondían a los de un agente que había sido reportado desaparecido desde el 9 de abril de 2015.
Edwin Urías tuvo que dejar “tirados”, como él dice, 20 años de trabajo en la PNC, 14 de ellos los pasó en la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).
De la UMO fue trasladado en febrero de este año por pertenecer al pelotón que permitió el paso de una protesta de elementos policiales hacia Casa Presidencial para exigir mejores prestaciones salariales y recursos para combatir la delincuencia que ha hecho de El Salvador uno de los países con los más altos índices de homicidios en el mundo.
FRASE
LA AMENAZA
“Bueno, como no querés contestar la llamada, te damos una semana para que te vayas de aquí, si no, atenete a las consecuencias”
LAS CIFRAS
358
Policías
Renunciaron o desertaron durante el 2015, según registros oficiales. Muchos pidieron permisos temporales.
163
Deserciones
Según el Movimiento de Trabajadores de la Policía, hasta octubre, 163 policías habían desertado de la PNC.