Falsos agentes de la DEA, Rafael Álcides Flores Mendoza, de 45 años y Santos Edgardo Guzmán Ayala, de 40 fueron enviados a prisión provisional tras haber evidencias que los vincula en la extorsión de un alcalde del oriente del país.
El juez 5° de Paz tomó la decisión, luego de casi dos horas de audiencia en la que valoró las evidencias que la Fiscalía presentó en contra de los detenidos.
“El juez considera que los elementos indiciarios (evidencias) vertidos por la Fiscalía reúnen los requisitos tanto para establecer la existencia del delito como la participación de los acusados en la comisión del hecho delictivo”, puntualizó el fiscal del caso.
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Entre las evidencias presentadas está un vídeo en el que se observa cuando los sujetos llegan al hotel y se desplazan a recibir supuestamente el paquete que contenía el dinero.
Además hay actas de entrevistas realizadas a los imputados, un informes del dispositivo policial durante la captura, un álbum fotográfico y un CD que al parecer los involucra en el ilícito, dijo el fiscal asignado al caso.
El juez dio seis meses para que la Fiscalía fundamente y robustezca la acusación y a la defensa para que demuestre que sus clientes son inocentes.
Según el fiscal del caso, el ilícito habría comenzado con la exigencia de un monto de 15 mil dólares pero al final, luego de las negociaciones la víctima pagó ocho mil dólares.
Flores Mendoza y Guzmán Ayala fueron juzgados en su ausencia porque no fueron llevados al tribunal, por falta de vehículo y agentes, según nota enviada por la Policía.
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Para el abogado defensor, Edwin Vásquez, juzgarlos en su ausencia violentó el derecho de “defensa material” o el derecho que todo imputado tiene en una audiencia para establecer su propia defensa y al no estar presente se pasó por alto ese derecho.
Sin embargo, el fiscal manifestó que la Ley prevé que la defensa puede ser ejercida por los abogados que representan los intereses de esas personas.
“Y no hay vulneración a ningún derecho “, afirmó el fiscal.
“No era necesario que los acusados estuvieran presente en la audiencia, la Ley ya lo ha establecido”, reiteró el fiscal.
Pero el defensor consideró que era obligación de las autoridades llevar a la audiencia a sus defendidos.
“Esto ya se volvió una costumbre de no traer a los reos a las audiencias”, cuestionó.
Entre tanto solicitó al juez que se cambie el delito de extorsión a tráfico de influencia, un ilícito menor, cuya sanción no pasa los tres años y es excarcelable.
Sin embargo, el juez rechazó la petición y mantuvo la acusación inicial.
“La defensa presentó la petición de calificación de delito por tráfico de influencia, este es un ilícito que no corresponde a los hechos que ha expuesto la Fiscalía y por tanto el juez confirmó el delito”, explicó el fiscal.
“Nosotros no compartimos esa resolución pero la respetamos y vamos a valorar, si es necesario apelarla”, dijo Vásquez. De ser encontrado culpable luego de todo el proceso judicial, los detenidos podrían ser condenados a una pena de entre 15 y 20 años.
El fiscal reconoció que todavía hay cabos sueltos en la investigación como la autenticidad de la placa de la DEA que los sujetos supuestamente portaban a la hora de la detención. “Esta es una investigación que recién comienza y todavía hace falta realizar más actos de investigación”, subrayó.
De acuerdo con Flores Mendoza, se ha tratado de tergiversar los hechos, pues la supuesta víctima acordó apoyar el esfuerzo de combate a la corrupción y el narcotráfico en el país.
Además, apoyaría un plan de premiación al emprendedurismo salvadoreño en Estados Unidos con un aporte económico, pero en ningún momento hubo amenazas o extorsión, afirmó Flores.