La Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) presentó el miércoles en la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la conformación del Consejo Nacional de Salario Mínimo, por considerar que es ilegal y que se ha violado la Constitución de la República de El Salvador y convenios internacionales.
Por esta razón, la gremial tampoco da validez a ninguno de los acuerdos que dicho Consejo ha tomado, como el incremento al salario mínimo que fue aprobado sin el aval del sector privado, la semana pasada.
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“Estamos pidiendo que se anule la conformación del Consejo, cualquier acto aprobado es ilegal porque no está aprobado por las tres entidades (Gobierno, sindicatos de trabajadores y patronos), señaló Víctor Rodríguez, presidente de la SCIS.
También denunció que quienes dicen representar a los trabajadores en realidad son activistas del partido FMLN, quienes estarían respondiendo a intereses políticos.
Los denunciantes acusaron al Gobierno de estar recurriendo a mecanismos fraudulentos para crear organizaciones en las que incorpora a personas afines al partido para tener “dominio absoluto de la institucionalidad”.
Los comerciantes sostuvieron que en este caso se ha violado el artículo 144 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que rige los procedimientos de concertación entre el Gobierno, sindicatos de trabajadores y empleadores.
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El salario mínimo es revisado cada tres años por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el cual está compuesto por siete miembros: tres representantes del Gobierno, dos delegados de los trabajadores e igual número en nombre de la empresa privada.
Critican actuación de ministra de Trabajo
Seis meses atrás hubo un primer consenso en el anterior Consejo, en el cual los empresarial y trabajadores acordaron un aumento del 15% en tres tramos.
Este no se ejecutó, y por el contrario, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, lo desechó e inició un proceso para conformar el nuevo Consejo.
En noviembre, la funcionaria creó un instructivo con el que se determina el proceso para elegir a los representantes del esta junta.
Los delegados de la SCIS manifestaron ayer que Guevara violó “la forma normal” de nombrar dicho Consejo, cuando no está facultada para crear dicho reglamento.
En dicho documento, fueron incluidos sindicatos de instituciones públicas que no reciben un salario mínimo. También sindicatos del sector informal que tampoco están regidos por la ley.
Antes de esto, los miembros del Consejo se elegían con base a un reglamento interno. Desde la inscripción de los sindicatos hasta el escrutinio de la votación fue determinado por este nuevo instructivo.
Con este nuevo proceso unos 38 sindicatos del sector privado (a los que sí les compete un salario mínimo) quedaron excluidos porque en el proceso se les negaron credenciales y los requisitos para poder votar por sus representantes.
El 14 de diciembre pasado, los nuevos representantes del Consejo aprobaron un incremento al salario mínimo, sin el aval de los patronos o empleadores.
Dos días después, la ministra de Trabajo, acompañada por otros funcionarios, firmó los decretos para legalizar el incremento de sueldos a partir del 1 de enero próximo.