El Tribunal Disciplinario de San Salvador de la Policía Nacional Civil suspendió este jueves la audiencia contra cinco agentes quienes fueron acusados de faltas cometidas durante la marcha hacia Casa Presidencial el 27 de enero.
La diligencia que buscaba liberarlos de toda culpa o su destitución fue aplazada por la ausencia de sus abogados defensores. La fecha de la nueva audiencia aún no ha sido establecida, dijo Marvin Reyes, secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía, uno de los procesados.
Los cinco agentes son acusados de haber obstaculizado el libre tránsito por las vías que siguió la marcha, además, de interferir en la labor de los antimotines, haber lanzado ofensas contra el presidente Salvador Sánchez Cerén y contra los jefes policiales.
Entre los detalles de esta acusación, aseguró el agremiado, es que las autoridades no han individualizado quiénes cometieron las faltas pues las mismas surgieron de forma masiva.
A los cinco policías los suspendieron por tres meses sin goce de sueldo por el hecho de haber firmado la nota de peticiones que ese día entregaron en Capres, pero no porque haya evidencia de que ellos cometieran lo que les acusan.
Según el agremiado, aparentemente la intención de las altas autoridades policiales y de la Inspectoría General de la PNC era que se desarrollara la audiencia sin los abogados que llevan el caso y que en su lugar se nombraran defensores públicos que desconocían el proceso.
Los policías acusados se opusieron y pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que intercedieran y fue así como lograron que se suspendiera la diligencia y se reprogramara.
El agente Reyes puntualizó que los acusadores no tienen pruebas que demuestren que ellos son culpables de las faltas que les imputan, por lo que esperan ser absueltos.
De ser declarados inocentes, la Policía deberá pagarle los salarios de los tres meses que fueron suspendidos, así como uno de los cuatro bonos que tampoco recibieron por estar sancionados.
Los más de dos agentes que marcharon el pasado 27 de enero demandaban del presidente el pago de mil dólares anuales en dos bonos entregados en junio y diciembre, además exigían actualización de salarios de acuerdo al costo actual de vida y mejores condiciones laborales y trato adecuado de sus jefes.