Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a no menospreciar los recientes avances en la lucha contra la corrupción en el país.
El jurista resaltó que hace años hubiese resultado inadmisible que además de funcionarios de alto nivel procesados por corrupción, el país tuviera un presidente estuviera preso, otro asilado y otro hubiese fallecido en medio de un proceso en su contra. “Esto hace cinco años si nos lo hubieran dicho, no lo hubiéramos creído”, expresó.
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Para que esta lucha siga, dijo, hay que fortalecer las instituciones nacionales, entre las que resaltó a la Fiscalía General de la República y la sección de Probidad de la CSJ, que ha ganado relevancia desde 2015, cuando gracias al respaldo de algunos magistrados de esta Corte y tras solicitudes de información de la ciudadanía, ha estudiado las declaraciones patrimoniales de varios funcionarios y exfuncionarios y ha sugerido enviar a juicio civil a varios de estos por supuesto enriquecimiento ilícito.
Uno de ellos, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, ya fue condenado por enriquecimiento ilícito.
Pese a esto, Blanco lamenta que en Cortes pasadas, no se hubiese activado Probidad como lo hace en la actualidad.
“Si en 1994, la primera Corte Suprema de Justicia después de los acuerdos de paz se hubiera dedicado desde la oficina de probidad a ejercer un control cuidadoso de los funcionarios públicos para evitar estos enriquecimientos exagerados que estamos viendo ahora, (...) se habría impedido estos enriquecimientos y esta depravación de los fondos públicos”, dijo el magistrado.
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El funcionario de la Sala de lo Constitucional recordó que los mecanismos legales los han tenido las cortes desde 1959 que se aprobó la Ley de Enriquecimiento Ilícito y desde 1983 que en la Constitución se desarrollaron las obligaciones para que la CSJ cotejara el patrimonio de los funcionarios.
Debido a esta omisión de investigar la corrupción en el pasado, el magistrado considera que “la Corte tiene su parte de responsabilidad en el tema de la corrupción, la impunidad y la criminalidad”. Sin embargo, dijo, ahora es uno de los actores principales en la lucha contra el abuso de fondos públicos.
Depuración judicial y sus razones
Sidney Blanco también se refirió a la depuración de jueces en el país y explicó que en los últimos 3 años la CSJ ha destituido a más de 25 jueces de diversas competencias e instancias, incluyendo magistrados de cámaras, y ha sancionado a más de 80 jueces con suspensiones de hasta 90 días.
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Los vicios más recurrentes que señaló son ineptitud e ineficiencia en el desempeño del cargo, abuso de autoridad, retardación excesiva (no pronunciar sentencias de un juicio ya celebrado en el plazo que dicta la ley), falta de requisitos para ser juez (idoneidad, instrucción o capacidad) y por hacer constar en diligencias hechos que no sucedieron, es decir, haber alterado la verdad en actas.
“Hemos expulsado del sistema a personas que no están a la altura de los tiempos actuales”, dijo Blanco y agregó que la Fiscalía ha promovido antejuicio contra algunos de estos jueces.