Los abogados de Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar y Roberto Rivera pidieron a la Corte de Cuentas de la República (CCR) que investigue a los diputados de la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda, por modificar el presupuesto 2015 y 2016 para trasladar $14,728,379 a varias organizaciones no gubernamentales (ONG’s), “sin ningún tipo de control”.
“Los servidores públicos que denunciamos son los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa periodo legislativo 2015-2018 que aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2015 y 2016, los diputados miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que dictaminaron favorable dichos presupuestos y el Ministerio de Hacienda”, dice el escrito presentado ayer en la CCR.
De acuerdo a los denunciantes, esa cantidad millonaria de dinero se asignó a más de 70 ONG’s, en ambos años sin ningún parámetro para realizarla.
En el 2015 al ramo de Educación se asignaron $815,850, distribuidos de la siguiente forma: $100,000 para la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social (FUNDASPAD), $100,000 para la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA), $50,000 para la Asociación de Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, entre otras.
En lo que corresponde a la Presidencia de la República se asignaron $1,328,000, distribuidos así: $50,000 para Fundación para la Democracia Seguridad y Paz (FUNDEMOS PAZ), $15,000 para Asociación Mujer Legal, $430,000 para la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas, $143,000 para la Asociación Instituto un Nuevo El Salvador (INELSA) y $75,000 para el Comité Coordinador Nacional de Veteranos Militares de la Fuerza Armada de El Salvador, entre otras organizaciones.
Acción Ciudadana estima que esos desembolsos se hicieron sin justificar ni demostrar la utilidad pública. “Existen evidencias que el reparto de la mayoría de esos fondos públicos se hicieron atendiendo únicamente la afinidad política del receptor”, consideran Escobar y Rivera.