Si al expresidente Mauricio Funes se le comprueba que recibió $1.8 millones en 2008 para su campaña electoral, proveniente de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción Petrobras, habría faltado al mandato constitucional de rendir cuentas y a otras leyes como las fiscales.
Ante la revelación del periódico brasileño Fohla de Sao Paulo que Funes recibió dinero ilícito para la campaña, el director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Burgos trajo a cuenta la violación a la Ley de Ética Gubernamental (TEG) y al fisco cometida por el exmandatario cuando recibió $3 millones del empresario Nicolás Salume para la campaña y luego haber admitido que no pagó Impuesto Sobre la Renta.
“Al menos expresamente violó las leyes del país, para empezar la Ley de Renta que fueron ingresos no reportados que ingresaron a su patrimonio y que no pagó Renta”, recordó Burgos.
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Añade que el exfuncionario, actualmente procesado por presunto enriquecimiento ilícito e investigado por cinco delitos, también violó la Ley de Ética Gubernamental al aceptar $660,000 que sobraron de su campaña electoral proveniente de fondos del Movimiento “Amigos de Mauricio Funes”.
Según Burgos, el propio Funes admitió ante la Sección de Probidad que el dinero le fue entregado posterior a su elección como presidente de la República, como una forma de justificar las observaciones del alza en su patrimonio.
“La Ley de Ética Gubernamental prohíbe eso, los clasifica como dineros indebidos, Funes ya era presidente y aceptó esa cantidad de dinero”, argumentó Burgos, por lo que pide a la Fiscalía indagar.
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Burgos coincidió con Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana en el sentido de que Funes también habría faltado a la Constitución, en caso de haber recibido dinero ilícito del extranjero.
Escobar manifiesta que esto es lo que se interpreta de la misma Constitución de la República, en la que se establece que en El Salvador impera un sistema de Democracia Representativa, que por lo tanto, el mandatario está obligado por ley a rendir cuentas al mandante, que es el soberano, el electorado salvadoreño.
“La Constitución de 1983 ya contiene implícitamente prohibiciones al financiamiento extranjero, porque la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y que el poder público proviene del pueblo, quienes ejercen ese poder público y después son los funcionarios que la población elige”, dijo.
Los partidos políticos se vuelven “vehículos” de los candidatos para llegar a los cargos públicos, al lugar donde los ponen los mandantes, y al “existir esa relación del mandante con el mandatario, los mandatarios están obligados a rendir cuentas”, abonó.
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Según Escobar, lo anterior se sobrepone al hecho de que durante la campaña de Funes en 2008, y en 2009, cuando fue electo Presidente de la República, no había regulación para el financiamiento de los partidos en sus campañas.
De hecho, lamenta que aún cuando se aprobó la Ley de Partidos Políticos en 2013, esta no incluyó el control del financiamiento de empresas extranjeras a los partidos, lo cual considera un “vacío de ley”, que difícilmente será subsanado en la actual coyuntura de un año pre electoral.
Además, indica que ya existe jurisprudencia emitida por la Sala de lo Constitucional que ordena que en derecho a acceso a la información no se puede supeditar su ejercicio a la vigencia de una ley .
“Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional (2010) que establece, no obstante que no existiera regulación en el momento que se generó la información, esa información no pierde el derecho de ser pública y el ciudadano no pierde ese derecho a la información”, explicó Escobar.
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