El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés rechazó esta noche en conferencia de prensa, las declaraciones que el magistrado Rodolfo Gonzalez, hizo con respecto a las amenazas que magistrados de la Sala de lo Constitucional han recibido en los últimos días, en el sentido de que militares de alto rango están detrás de ese tipo de intimidaciones y protestas.
"Ante dichas declaraciones queremos reafirmar que la Fuerza Armada es totalmente apolítica, obediente y respetuosa de las instituciones del Estado y de sus funcionarios; y que en ningún momento hemos participado ni vamos a participar en amenazas en contra de la Sala. No dudamos de la honorabilidad del magistrado pero creemos que ha sido mal informado", afirmó el ministro Munguía Payés.
El ministro de la Defensa en compañía de sus 41 comandante dijo que no tolera ese tipo de protestas, dijo que ha hablado con sus comandantes y éstos le han asegurado que nadie ha participado en protestas.
No descartó la posibilidad de reunirse con el magistrado González para aclararle la situación pues sostiene que ha sido mal informado.
Añadió que las declaraciones del magistrados González es parte de la coyuntura política y que proviene de algún sector que objeta las resoluciones de la Sala, pero reitera que la Fuerza Armada no ha tenido nada que ver en ese tipo de amenazas ni en manifestaciones de protesta.
Munguía Payés afirmó que este tipo de declaraciones (brindadas por el magistrado González) creo que es peligroso porque atenta contra la imagen institucional y luego puede genera confusión y duda en cuadros militares al no estar debidamente informado y por consiguiente en el pueblo salvadoreño, por lo que puede entrar en duda ante el compromiso y competencia de la Fuerza Armada.
El ministro de Defensa no descartó si en futuras investigaciones resultare un militar implicado en protestas contra los magistrados, aseguró que se sancionará de acuerdo con su nivel militar de acuerdo con el grado de participación.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional han sido víctimas de al menos siete protestas de grupos a fines al FMLN en Usulután, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador por sus resoluciones que de alguna medida han afectado las disposiciones del actual Gobierno.