El jefe de la sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda, destacó que hay 11,800 peticiones de declaraciones patrimoniales de funcionarios hechas por ciudadanos.
Esto implica, aseguró el funcionario, que hay un alto interés de sociedad en conocer cuál es el patrimonio con el que los funcionarios inician y finalizan sus períodos.
Otra de las estadísticas que brindó el funcionario es que la CSJ ha abierto más de 500 procesos sancionatorios a instituciones que no cumplieron con la ley de enriquecimiento ilícito.
Esto se refiere a que son cerca de 371 instituciones que están obligadas a brindar información, algunas de las cuales no han cumplido.
El jefe de Probidad advirtió que, a pesar de los esfuerzos que realizan, aún hay resistencia de varios sectores que tienen interés en que no se conozcan los casos de corrupción.
“Se nos condena o margina como si hay un mal propósito para que no funcionemos”, sostuvo Pineda.
De la misma forma, se refirió a algunos casos de amenazas como las que dicen haber recibido magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ,
“Cuando se inicia un esfuerzo en pro de la transparencia habrá ese tipo de acciones de parte de aquellos que saldrán afectados o que simplemente no están de acuerdo que se combata la corrupción”, dijo.