La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene en la mira a 76 funcionarios que presentan incrementos injustificados en sus patrimonios, confirmó ayer el jefe de dicha oficina judicial, Carlos Pineda.
De los 76 casos ya fueron evacuados cinco en 2015, más 13 que están siendo concluidos en 2016, lo que deja un total de 58 casos aún por ser presentados, informó Pineda.
Asimismo, señaló que hay alrededor de 15 informes que están siendo preparados para que salgan a la luz, pero serán presentados dependiendo de la rapidez con que le sea entregada a la sección de Probidad la información solicitada a otras instituciones bancarias y de gobierno.
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Dijo que aún no sabe cuántos de esos 15 casos serán revelados en este año. “Estamos tratando de hacer todo nuestro esfuerzo a pesar de todas las limitantes que tenemos, pero en sí no puedo dar un número exacto porque aún estamos recibiendo información de las distintas instituciones”, explicó Pineda, en el marco del foro “El acceso a la información pública como herramienta para el combate a la corrupción”, desarrollado por el Instituto de Acceso a la Información (IAIP).
El jefe de Probidad también sostuvo que entre los 58 casos que faltan están los del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y el vicepresidente, Óscar Ortiz, así como los de los expresidentes Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani.
Señaló que en estos dos últimos casos la información bancaria ya no está disponible, pero que han encontrado algunos informes que les han dificultado la labor de procesamiento porque, entre otras cosas, deben convertir a dólares las cifras.
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También sostuvo que se les ha complicado la labor de procesamiento de información, ya que también se incluye a la familia de los funcionarios, por lo que, a la larga, vienen siendo cerca de 300 personas las que están bajo investigación.
Pineda insistió en que se les dificulta la labor en la sección de Probidad, en vista de que no tienen los recursos necesarios para agilizar la elaboración de los informes. Dijo que solo cuentan con seis personas que no son suficientes para todo el trabajo.
Agregó que ha solicitado 15 plazas más, pero que aún no han tenido respuesta de las autoridades del órgano Judicial. “Ya pasó un año y seguimos siendo los mismos”, dijo.
Acceso a la información ha sido clave
Durante el foro desarrollado por el IAIP, el jefe de la sección de Probidad destacó que el acceso a la información pública que ha tenido la ciudadanía a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) ha sido clave para poder iniciar algunos procesos contra posibles enriquecimientos ilícitos de funcionarios.
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Es más, llamó a la población y a las instituciones como IAIP a que, a pesar de las limitantes, no renuncien al derecho a la información pública.
Asimismo, destacó que instituciones como el IAIP hayan realizado una labor ardua a pesar de que, en un principio, no se les dotó del suficiente presupuesto para poder funcionar.
En tanto, el comisionado del Instituto, Jaime Campos, destacó la labor que ha venido realizando la sección de Probidad e indicó que fue hasta 2011 cuando surtió efecto la ley de enriquecimiento ilícito, la cual data de 1959.