Dos años antes de que se pagaran $108.5 millones a la empresa Astaldi pese a que dejó abandonados los trabajos de la represa El Chaparral, el ex coordinador de proyectos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Jaime Contreras, ya había advertido que no era legítimo ese pago y que no había respaldo que fundamentara las pretensiones del contratista italiano.
El funcionario también objetó los criterios con los que la empresa estaba manejando las supuestas fallas encontradas en el sitio donde se construía la central en el municipio de San Luis de La Reina, San Miguel.
El problema surgió cuando tiempo después de iniciar las obras, la empresa alegó “imprevistos imprevisibles” en la geografía del terreno e incluso afirmó que la montaña aledaña se había “movido” luego de una fuerte tormenta que azotó el país.
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Contreras, que luego ejerció el cargo de director ejecutivo de la CEL, en varias ocasiones respondió cartas al apoderado general de Astaldi SpA, Mario Pieragostini y, en una misiva con fecha de 12 de agosto de 2010, dejó claro que nunca existió evidencia sobre los reclamos que la firma italiana hacía sobre la margen derecha de la montaña del proyecto y que nunca se sustentó de forma técnica el argumento de que existía “una falla geológica” sobre la zona de construcción.
Esto se relaciona con el hecho de que en agosto de 2010, y luego de 19 meses de que inició la obra, Astaldi SpA no había entregado los diseños detallados de la obra, otro aspecto que también recordó Contreras en la correspondencia entre CEL y el contratista.
“En relación con el monitoreo en la zona el contratista deberá analizar los datos que sean útiles y necesarios para la elaboración del diseño detallado de las obras, ya que dicha tarea forma parte de las obligaciones contractuales de Astaldi. No omitimos manifestarles que a 19 meses de haberse dado la orden de inicio los diseños aún no han sido finalizados”, advirtió.
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Por ello, en la carta Contreras le reiteró al contratista de CEL que para seguir con El Chaparral era urgente presentar “un planteamiento definitivo” del diseño detallado de la presa antes de seguir con cuestionamientos que pretendían pagos adicionales.
En el mismo expediente también hay una presentación a la junta directiva de CEL en julio de 2010, donde Euroestudios-Ingetec deja claro que Astaldi SpA, desde que inició la obra en 2008, excavó el estribo (margen) derecha sin un patrón de soporte.
“Las excavaciones han sido ejecutadas como exploratorias, provisionales y sin control”, enfatiza el documento planteado ante la junta.
Es de destacar que cuando el expresidente Mauricio Funes informó en octubre de 2013 que se le pagó $108.5 millones a Astaldi SpA, bajo el argumento de que se cerraba el contrato llave en mano con un 38% de avance, CEL ya tenía definido con supervisores internos que solo se construyó el 29.29% de la presa, obra que retomada por la actual gestión de la autónoma.
