Al tomar posesión como presidente de la República el 1 de junio de 2014, Salvador Sánchez Cerén se comprometió con el diálogo y una búsqueda constante de acuerdos que, según ofreció, caracterizaría su administración.
Con esto, además de anunciar un gobierno concertador, el mandatario intentaba desmarcarse del estilo de su antecesor, Mauricio Funes, cuya presidencia se caracterizó por una retórica incendiaria y sus constantes pleitos y amenazas a sus detractores.
“Queremos ampliar el diálogo y mantener una negociación permanente hacia la búsqueda de acuerdos con todas las fuerzas de la sociedad”, dijo en su momento el mandatario y procedió a revelar el eslogan de su administración: “Unidos crecemos todos”.
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dos años y medio de haber asumido como mandatario, si bien ha sostenido algunos encuentros clave con la empresa privada y la oposición, alcanzando importantes acuerdos, estos han sido tímidos e irregulares, y en las alocuciones del mandatario aún persisten prácticas de su antecesor, como el ataque a sus opositores, especialmente al dirigirse a las bases de su partido.
Esto ha afectado su capacidad de alcanzar acuerdos políticos en áreas sensibles.
A juicio del director del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de Fusades, Luis Mario Rodríguez, “la inseguridad, el deterioro de las finanzas públicas y la falta de empleo y crecimiento económico permiten afirmar que el Ejecutivo muestra un ‘déficit de gobernabilidad’ a la mitad del quinquenio”.
Relación con el sector privado y la oposición
Sánchez Cerén inició su gestión ofreciendo estrechar lazos con el empresariado, fuertemente atacado en el periodo anterior, reuniéndose en privado con ellos y afirmando que los encuentros “no solo sirven para dialogar, sino para encontrar en el menor tiempo posible incentivos para crear condiciones para la inversión”.
Sin embargo, al poco tiempo de haber iniciado estos diálogos, iniciaron los desencuentros y la confrontación. En la cumbre del G77+China en Bolivia, el presidente dijo en su discurso que como país “nos encontramos con pensamientos enraizados en posiciones conservadoras de una sociedad en que la economía se pone al servicio de la acumulación de pocos y la pobreza y la desigualdad de miles de personas”.
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Estas y otras alocuciones han revelado un estilo disonante del presidente, quien en reuniones privadas ofrece un clima apertura con los privados, pero ante las bases de su partido y algunos sectores de la comunidad internacional ha mantenido posturas de clara confrontación.
Con la oposición, la situación no ha sido muy diferente. El pasado 10 de octubre, el gobierno y el partido ARENA montaron cuatro mesas técnicas para discutir la situación fiscal, el crecimiento económico, una reforma de pensiones y la mejora del café.
Si bien estas mesas supusieron un acercamiento significativo y ya han producido resultados (un acuerdo de emisión de $550 millones en bonos para darle liquidez al gobierno en lo que resta del año), estas han estado plagadas de controversias y dobles discursos.
En este proceso, voceros del partido de oposición denunciaron que algunos puntos acordados por Sánchez Cerén eran invalidados por dirigentes de su partido, quienes no reconocían los compromisos y sacrificios que hacía el Gobierno con respecto a sus propuestas iniciales.
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Diálogo por necesidad
Tras las elecciones legislativas de 2015, que le dieron a ARENA suficientes diputados para volverse indispensable en casos de mayoría calificada, el Gobierno perdió parte del ímpetu con el que inició el primer año de su gestión.
Rodríguez, de Fusades, también recuerda que “en materia de gobernabilidad, el Ejecutivo ha perdido el respaldo del aliado que lo apoyó al inicio de la gestión y que también cooperó con el gobierno anterior”, el partido GANA. Añade que para “aspectos como la reforma de pensiones, nuevos tributos o elección de funcionarios de segundo grado, en el último año ya no obtuvieron los votos de ese partido minoritario”.
Esta adversa situación política ha obligado a Sánchez Cerén a tener que intensificar la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, en algunos temas la línea del FMLN ha prevalecido sobre el ánimo de alcanzar acuerdos, dándole poca efectividad a su presidencia y generando en ciertos sectores la idea de un mandatario subordinado a su partido político.
Por tanto, esa actitud de diálogo amplio permanece como una deuda de esta gestión, coinciden algunos analistas.
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Institucionalidad y otros compromisos
Además del diálogo, al asumir la presidencia, Sánchez Cerén se comprometió con la gobernabilidad democrática y el respeto a la institucionalidad.
Sin embargo, sus acciones en la primera mitad de su gestión muestran un contraste con su discurso. En esta administración se han mantenido tensiones con otros poderes del Estado, particularmente con la Sala de lo Constitucional, que ha seguido ejerciendo el control de los actos jurídicos y políticos de otros órganos, mientras el gobierno ha incumplido importantes fallos.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, lamenta que además del incumplimiento, “constantemente el gobierno se expresa en forma irrespetuosa en contra de la actuación de los Magistrados que la integran y ha permitido que grupos de choque pertenecientes al partido en el gobierno denigren frecuentemente a estos altos representantes del Poder Judicial”.
En efecto, estos choques y los llamados de Sánchez Cerén a “ponerles un alto” a los magistrados, acusándolos de representar intereses oscuros riñen con la independencia de poderes, pilar básico de la gobernabilidad democrática que ofreció el 1 de junio de 2014.
Estas tensiones se han hecho extensivas a los medios de comunicación, a quienes Sánchez Cerén ha calificado como desestabilizadores y que responden a intereses oscuros, pese a que la misma Constitución garantiza la libertad de expresión.
Estas actitudes ponen en entredicho el compromiso de gobernar democráticamente adquirido por el presidente en su toma de posesión.
Roberto Burgos, de la Fundación DTJ, recuerda que “estas posturas (de rivalidad y rechazo al control de los actos políticos) han merecido la condena de Relatores de la ONU y un evidente descenso en los índices de competitividad, transparencia y democracia”.