En dos años y medio de presidencia de Salvador Sánchez Cerén, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido varios fallos clave que han hecho contrapeso en el sistema democrático del país, pero hay cuatro que han puesto en jaque al gobierno.
Unas de las resoluciones de la Sala que no le agradó al Ejecutivo fue cuando suspendió el cobro adicional del 13% a las tarifas de la energía eléctrica, que entraría en vigencia en julio de este año. Asimismo, la decisión de estudiar una demanda en contra de la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), cuya medida suspendió la aplicación de esta modificación.
Tras las sentencias, el Ejecutivo ha salido a la carga contra los magistrados por medio de altos funcionarios y de grupos afines que no han cesado los ataques contra ellos. Algunos de los fallos más llamativos son:
Capres puesta contra las cuerdas para revelar los viajes de Funes
?El 9 de diciembre de 2015, la Sala ordenó a Capres que le remitiera la información sobre los viajes oficiales del expresidente Mauricio Funes y su entonces esposa Vanda Pignato en el período del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
También le exigió los informes sobre los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas, para el año 2010 y sus prórrogas, pero el gobierno no se los remitió. Los magistrados tuvieron que emitir un segundo fallo, con ultimátum incluido, en enero de este año y luego otro en septiembre para que divulgara la información. Aun así, el Ejecutivo solo reveló el destino de las 47 salidas que realizó Funes durante su gestión y alegó que no hay registro de la información detallada que le pidió la Sala como nombres de los funcionarios que los acompañaron, destino, objetivo, valor del pasaje y viáticos asignados. La Sala también ordenó al presidente Salvador Sánchez Cerén informar a la Asamblea de cada viaje que haga, pero no lo ha cumplido.
Prohiben usar $900 millones en bonos y ejecutivo les achaca crisis
En julio de este año, la Sala declaró inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos aprobada por la Asamblea en abril de 2015, a pocos días de terminar la legislatura 2012-2015.
El argumento de los magistrados fue que la aprobación violó exigencias constitucionales sobre el procedimiento para llamar diputados suplentes y porque no se cumplió con los votos requeridos cuando se trata de aprobar deuda. La emisión de $900 millones solo logró 55 votos, cuando debían ser 56, porque la entonces diputada de GANA, Sandra Salgado, no votó por la emisión y unas horas después fue sustituida por otro legislador para volver a votar por la emisión. El revés judicial a esa maniobra ha sido desde esa fecha motivo para que funcionarios del Ejecutivo, desde Sánchez Cerén hasta dirigentes del FMLN, cuestionen y culpen a los magistrados por la crisis fiscal que vive el país. El mandatario ha externado si la Sala quiere “ahogar” al gobierno con sus decisiones judiciales, y las protestas han arreciado.
Declaran inconstitucional la ley de amnistía y abren vía para juicios
En julio de este año, la Sala también declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993, que dejaron abierta la vía para la investigación de crímenes cometidos por la Fuerza Armada y por la entonces guerrilla del FMLN, durante el conflicto armado.
El fallo señala que en los Acuerdos de Paz firmados en 1992 “no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía” y que “se pactaron cláusulas tendentes a combatir la impunidad y garantizar la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado”. El presidente Salvador Sánchez Cerén, firmante de los Acuerdos de Paz y exdirigente de la guerrilla, criticó a los magistrados tras la sentencia, porque a su juicio esta “afecta la institucionalidad”; el mandatario apuntó que esa, al igual que otras resoluciones de la Sala, “no se ubican ante los verdaderos y actuales problemas del país” y que en vez de resolverlos, los “agudizan”.
Presionan a las autoridades para resolver Hacinamiento carcelario
El 27 de mayo pasado, cuatro magistrados de la Sala declararon inconstitucionales las condiciones de hacinamiento que hay en las cárceles y bartolinas policiales.
Señalaron que la situación en la que están los más de 33 mil presos vulnera los derechos a la integridad física y a la salud de estos. Debido a ello, los magistrados le delegaron a diferentes instituciones del gobierno ejecutar acciones específicas para mejorar las condiciones de los presos. Por ejemplo, a la Dirección de Centros Penales y a la Policía les pidieron construir o adecuar nuevos espacios de reclusión para descongestionar los actuales presidios. La Sala citó a una audiencia al Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; al Director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; y al Director de Centros Penales, Rodil Hernández. Además, llamó al Fiscal General, Douglas Meléndez; a la Ministra de Salud, Violeta Menjívar; a los jueces de Vigilancia Penitenciaria; y a la entonces presidenta de la Asamblea, Lorena Peña. Pese a esa sentencia, las cárceles del país siguen saturadas.