El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, enfrenta la primera demanda ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), pues tres ciudadanos le achacan que incurrió en faltas a la ética pública al haber avalado el desembolso de $550 mil del Presupuesto General de la Nación a una asociación fundada por su esposa y dirigida por una de sus asesoras.
Los ciudadanos José Roberto Burgos Viale, Emilio Antonio Orellana Portillo y Eva María López Córdova acudieron ayer al TEG, tomando como base de los cuestionamientos la publicación del periódico digital El Faro en el que se señala que Gallegos benefició con su voto para asignar $550 mil a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (APDEMES), fundada por su esposa, Julia Nora Romero de Gallegos, quien también posee el cargo de vicepresidente de esa organización.
Según los denunciantes, Gallegos ha incurrido en las faltas siguientes: Existencia de un Beneficio Indebido y en el de Incumplimiento del Principio de Imparcialidad, ambos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
Añaden que el funcionario debió de eximirse de votar a favor de la entrega del donativo para la asociación fundada por su esposa “ya que dicho vínculo matrimonial constituía de hecho en un conflicto de interés en la toma de esa decisión...”, dice el escrito presentado al TEG.
Al respecto de la denuncia, se contactó vía telefónica a Gallegos, para que diera su opinión sobre estos señalamientos.
“Yo voy a respetar la institucionalidad, y ellos haciendo uso de lo que la ley establece han decidido poner una denuncia para que se me investigue si violé la Ley de Ética Gubernamental. Yo voy a esperar que me notifiquen; a mi juicio no la he violado, al final será el TEG quien decida si la he violado”, dijo el presidente del Congreso.
Piden la renuncia de
Gallegos
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) se sumó a los cuestionamientos en contra de la actuación del titular del Congreso y dirigente del partido GANA, e incluso llamó al titular de la Asamblea a que renuncie a ese cargo por la “mala utilización de los recursos públicos”.
En un comunicado, el CEJ manifestó “su enfática solicitud al presidente de la Asamblea Legislativa para que renuncie a su cargo y que aclare ante la población y las autoridades correspondientes este lamentable hecho. Esta podría ser su mayor contribución a la transparencia y probidad que ha pregonado desde el reciente inicio de su mandato como presidente de la Asamblea Legislativa”.
Respecto a esta petición del CEJ, el legislador naranja insistió en que no ha violado ninguna ley y que prefiere esperar la resolución del Tribunal de Ética Gubernamental.
“Yo no creo, como digo, que haya violado la Ley de Ética Gubernamental. Voy a esperar, como he dicho. Esa es una opinión de ellos que yo respeto y tienen derecho a expresarse, es una opinión que yo respeto, simplemente”, externó Gallegos.