Tras un examen del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en los últimos seis meses, las 75 instituciones evaluadas no lograron obtener una nota favorable. La calificación promedio entre todas es de 5.6.
En vez de mejorar, las entidades públicas han bajado en su calificación con respecto a la primera evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) hizo en mayo de este año.
Las notas de 34 entidades se ubican abajo de 6, entre ellas el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), una entidad cuya naturaleza es “promover el desempeño ético en la función pública y sancionar los actos contrarios a la Ley de Ética Gubernamental”.
El último lugar, con 1.60 de calificación, lo ocupa el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), una entidad que se ha negado a dar información de sus contratos, afirmó el Comisionado del Instituto, Jaime Campos.
Le sigue la Academia Nacional de Seguridad Pública con 2.64 de nota. Esta es dirigida actualmente por Jaime Edwin Martínez, quien en 2015 tenía el respaldo del FMLN en la Asamblea Legislativa para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el tercer lugar de los peor calificados, con 2.76 está el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), cuyo director es el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, quien fue multado por el IAIP en 2013 por negarse a brindar información de los asesores legislativos.
Otro ente que aparece con baja nota es el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, con un 3.43. Este es dirigido por el exdiputado del FMLN, Arístides Valencia, salpicado recientemente con audios y vídeos de supuestas negociaciones con las pandillas.
La Asamblea Legislativa es otra de las instituciones que salen mal evaluadas. El Instituto le dio una nota de 3.61, específicamente porque no ha nombrado al oficial de Gestión Documental y Archivos que no depende del Oficial de Información, subrayó Campos.
La semana pasada, el comisionado Campos se reunió con el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, y este se comprometió a cumplir con ese requisito la próxima semana.
“Yo me reuní con ellos justamente esta semana, porque a mí me preocupa eso, lo que yo me he comprometido con ellos es a tratar de generar más transparencia a través de lo que hace la Asamblea Legislativa. Una de las cosas que vamos a hacer es oficializar el nombramiento del encargado de Archivo o Documentos la próxima semana”, acotó.
Gallegos fue denunciado ayer en el TEG porque supuestamente favoreció a su esposa con fondos de la Asamblea para una asociación que ella dirigía, según una publicación del periódico digital El Faro (ver más en nota aparte).
Entre otras instituciones que aparecen mal evaluadas por el IAIP con una nota abajo de 5 están la Dirección de Centros Penales, el Órgano Judicial, La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, La Fiscalía General de la República, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Economía.
Y es que esta vez el Instituto ponderó no solo la información oficiosa que por ley las entidades están obligadas a publicar en sus portales de transparencia, sino también la implementación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.
“(La mala nota) se explica porque la mayoría de instituciones salieron reprobadas en gestión documental y archivo”, manifestó Campos, quien expuso ayer los resultados del informe del IAIP realizado entre septiembre y noviembre del presente año.
El 50% de la valoración se centralizó en la información que las instituciones están obligadas a publicar en sus Portales de Transparencia, y el otro 50% en la gestión de la Documentación y Archivo, que sigue siendo una deficiencia generalizada.
En esa última área todas reprobaron, a excepción del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado y del Fondo Social para la Vivienda, informó Campos.
La calificación global en el cumplimiento de publicar la información oficiosa es de 7.50 y aunque Campos la considera relativamente buena, explicó que aún hay aspectos que siguen sin superarse.
Por ejemplo, que sigue existiendo información incompleta en los portales de transparencia. Más de 589 ítems que deberían estar disponibles por ley no se publican y otra información está desactualizada.
Las principales deficiencias en la publicación oficiosa se centran en la información relacionada con asesores, remuneraciones y viajes.
De hecho, Campos señaló que uno de los principales hallazgos es que la Cancillería tiene presupuestado en boletos aéreos $650,000 para 2016 pero en su Portal de Transparencia no aparece la información de los viajes realizados por los funcionarios de esa dependencia.
La Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), tampoco publica completo su listado de asesores, a pesar de que en su sitio web se informa de que hay dos asesores devengando un salario superior a los $2,000, reveló Campos.
A raíz de esta evaluación, el comisionado dice que el Instituto comenzará a promover la creación de una Ley General de Archivo que complemente la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y una normativa de Ley de Protección de Datos Personales (ver nota aparte).
Esta falta de documentación develó deficiencias en la información que brindó Casa Presidencial sobre los viajes del exmandatario Mauricio Funes, después de que la Sala de lo Constitucional ordenara a la Presidencia publicarlos.
El Ejecutivo dijo que no aparecían muchos datos, ni de Funes ni del resto de expresidentes, solo del presidente actual Salvador Sánchez Cerén.
Al respecto, Javier Castro, miembro del Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información, dijo que es una deuda que se tiene con la LAIP crear una ley de Archivo. Expresó que a 5 años de vigencia es necesario hacer reformas.