Pese a que el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, realizó la entrega de títulos de propiedad a 59 centros escolares de la zona costera que se encontraban laborando en propiedades que no pertenecen al Estado, aún falta que se legalice la situación de 285 que trabajan en inmuebles que no son de su propiedad.
Las escuelas a las que se les legalizó su situación, pertenecen a ocho departamentos del país que serán beneficiados con Fondos del Milenio II.
Para Francisco Zelada, secretario general de Simeduco, de 5 mil 184 escuelas que tiene la cartera de educación bajo su administración, a nivel nacional el 53 % no poseen título de propiedad.
Según datos del Ministerio de Educación (Mined) son 2,500 escuelas que su inmueble o terreno no pertenece al Mined o a otra institución del Estado. Todas funcionan en terrenos o edificios en calidad de comodato con algunas alcaldías, parroquias, o en alquiler.
“Nosotros hemos sido críticos en el sentido que el Gobierno no ha tomado la decisión de mejorar la infraestructura de los centros educativos de la zona costera, pero sobre todo para que los turistas no vean que las escuelas están en estados deplorables y le prestan poca atención al resto de centros educativos que son la mayoría”, comentó.
Ese es el caso del Centro Escolar Colonia Santa Margarita, de Cuscatancingo, que tiene más de 50 años de funcionar sin tener su propio inmueble.
Según la directora del centro escolar, Xenia Lemus, el alquiler del inmueble es de mil 400 dólares mensuales.
Lo que equivale a un gasto de 16 mil 800 dólares al año en alquiler de un local que no reúne las condiciones físicas para 700 alumnos de primero a noveno grado.
SegúnLemus, “las aulas no son las adecuadas para los alumnos, algunos salones tienen una sobrecarga de hasta 37 alumnos por aula”.
Además, que al lugar llega bastante matrícula, pero no se recibe por falta de espacio con el que se pueda tener un mayor número de alumnos.
Desde los terremotos del año 2001 la escuela permanece en un local alquilado en la calle principal del municipio.
Para Francisco Zelada, la falta de títulos propio de las escuelas, terminan por marginar a los centros educativos que no son propiedad del estado o del Mined.
“El Ministerio toma la decisión de no invertir en el inmueble porque no es propiedad del estado”, lamentó.
Muchas veces los administradores de los centros educativos se ven acorralados porque no pueden recibir beneficios de instituciones altruistas como las embajadas y organizaciones sin fines de lucro que quieren apoyar; pero ven la limitante que no se puede ayudar porque no se tiene el permiso para construir, explicó.
“Esto es el reflejo de no resolver el tema de infraestructura propiedad del Mined”, explicó.
La cartera educativa cuenta con un dato preliminar de tres mil 333 terrenos propios de la institución.
“El ministerio de educación no ha agilizado los trámites para legalizar, de manera que en las condiciones de la infraestructura que es ajena al estado no se puede invertir legalmente porque no pertenecen al Estado”, señaló.
Desde mayo de 2015 la Asamblea legislativa aprobó una Ley Especial Transitoria del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación.
La ley en su artículo cinco dice que el Mined deberá priorizar los inmuebles cuya legalización sea más urgente por su situación jurídica o por causa de interés público.