Un total de 41 empleados del Hospital San Pedro, de Usulután, demandaron ante el Tribunal del Servicio Civil a la dirección del sanatorio, por los descuentos que les fueron aplicado durante el mes de noviembre después de participar en las protestas a favor del escalafón.
De acuerdo con Mauricio Ganunza, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Sitmpas), los descuentos que les han aplicado son de 1 hasta 8 días no laborados.
Las deducciones correspondientes a noviembre les fue impuesto a personal administrativo, de enfermería y hasta a médicos especialistas.
Según Ganuza, “los descuentos no han sido apegados a la ley porque hay una resolución donde se declaró que los patronatos no tienen potestades para hacer descuentos”, explicó.
El centro hospitalario de la cabecera de Usulután fue uno de los que más presión realizó en la reducción de labores en las pasadas protestas por la entrega del 100 % del escalafón 2017, y fue uno de los primeros sanatorios que recibió una notificación en la que un Juzgado de lo Laboral declaró ilegal la huelga.
Además, la dirección hospitalaria les recomendaba incorporarse a sus labores diarias; pero las manifestaciones siguieron.
En la zona de San Miguel son 53 los empleados de primer nivel los que ha sido afectado con descuentos.
Mientras que otras gremiales como la de Sitrasalud, Movimiento de los Trabajadores en Defensa de la Ley del Escalafón y Sigptes preparan una demanda colectiva para presentarla al Tribunal de Servicio Civil.
Los empleados de salud esperan que el Tribunal de Servicio Civil emita una resolución favorable hacia los empleados que han recibido los descuentos.
Para Mario Arévalo, de Sigesal los descuentos son medidas en contra de la libertad sindical porque “este tipo de armas que ocupa la patronal (directores de centros de salud) de bloquear la lucha sindical, se tiene que resolver de inmediato, lo que ha generado el conflicto es la poca claridad de cómo resolver el problema del escalafón”.
Sigesal es la única gremial que no ha sido amonestada por las autoridades de Salud, ya que estas han tenido actividades pacíficas y se mantienen en cabildeo con las diferentes fracciones de oposición para lograr el escalafón.
Los trabajadores de salud siguen realizando actividades para que el beneficio del escalafón se cancele al 100 % de los empleados y no aceptan la propuesta que llevó el Ministerio de Salud que contempla 10 millones de dólares para que se brinde el beneficio al 80 % de los empleados.
El Minsal requiere de 26 millones de dólares para no dejar a nadie afuera del beneficio salarial.
A la fecha, la Asamblea Legislativa no ha aprobado el Presupuesto General, por lo que es incierto el escalafón.