Los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos no son elegibles automáticamente para recibir asilo con base en el argumento de que son expandilleros que se arriesgan a la persecución si regresan a su país, determinó ayer una corte federal de apelaciones.
Tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito ratificaron los estándares federales de inmigración que excluyen a ex miembros de pandillas de grupos sociales que cubren claramente los requisitos para recibir protección.
El fallo podría afectar a miles de inmigrantes que están huyendo de la violencia relacionada con pandillas en Centroamérica, dijeron expertos en inmigración.
"Tenemos tantos solicitantes de asilo de Centroamérica, y tenemos mucha gente que es obligada a unirse a pandillas", dijo Fatma Marouf, un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Texas A&M, quien escribió un sumario en el caso.
La determinación del panel derivó de un proceso de deportación contra un hombre de El Salvador, Wilfredo Garay Reyes, quien abandonó una pandilla en su país e ingresó a Estados Unidos ilegalmente en 2001 a los 18 años de edad después de haber recibido un balazo en una pierna por parte de un líder de la pandilla que estaba molesto por su deserción.
Garay buscó permanecer en Estados Unidos amparado en una ley que evita que las autoridades estadounidenses envíen a inmigrantes a sus países donde sus vidas podrían estar en peligro debido a raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o por opinión política.
Garay argumentó que ex miembros de su ex pandilla en El Salvador constituían "un grupo social particular" y que los miembros de la pandilla lo matarían si regresa a El Salvador, posiblemente colocando un neumático con gasolina alrededor de él para quemarlo, un método que suelen usar, señaló.
Los funcionarios de inmigración rechazaron el argumento de Reyes y afirmaron que los ex miembros de pandillas no constituyen un grupo social particular.
La Junta de Apelaciones de Inmigración indicó que para calificar como grupo social particular debe existir evidencia de que esa sociedad "percibe, considera o reconoce personas que comparten las características particulares para ser un grupo".
El grupo propuesto por Garay ”miembros de la pandilla Mara 18 en El Salvador que han renunciado a sus vínculos con ésta” era demasiado amplio, y había poca evidencia de que la sociedad los reconozca como un grupo distinguible, señaló la junta. La corte de apelaciones ratificó esa decisión.