El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó el sábado que el Gobierno respetará el fallo de la Cámara de lo Penal de Santa Tecla que ordenó recapturar al jefe del Batallón Presidencial, Lisandro Moisés Chávez.
A él se le acusa de ocultar información relacionada con la muerte del motociclista Mario Cruz García, quien fue atropellado por Wilton Everardo García Reyes, quien manejaba una camioneta asignada a Casa Presidencial.
Según las investigaciones de la Fiscalía, en el automotor viajaba un nieto del presidente Salvador Sánchez Cerén y García Reyes era su guardaespaldas.
El percance ocurrió el 1 de mayo, en horas de la madrugada, en el kilómetro 26 de la Carretera del Litoral, en el Puerto de La Libertad.
Consta en la acusación que Chávez ordenó el retiro del vehículo de la presidencia antes de que la Policía realizara la inspección respectiva.
“Cualquier proceso de esa naturaleza en la que hay implicación y tiene que ver con el Estado, obviamente, seguimos paso a paso el proceso”, afirmó Chicas.
El funcionario agregó que el Gobierno es respetuoso de la legalidad y “vamos a contribuir con la justicia en este caso con la Fiscalía o con el sistema de Justicia en general para dirimir este tipo de caso. Vamos a conocer la resolución y el área jurídica determinará lo que nos compete hacer”, señaló Chicas.
Cruz García fue atropellado cuando regresaba de visitar a unos familiares en el cantón Cangrejera, junto a otro motociclista. Ambos se dirigían a sus respectivas viviendas, en el municipio de Tamanique.
En la investigación se ha determinado que Chávez Vigil llegó a la escena, junto con otras personas, portando armas de fuego y arrebató la camioneta, placas P19-966, a los policías, a sabiendas de que el automóvil estaba involucrado en un homicidio culposo.
Con ello impidió que se le realizara la inspección que por ley correspondía y con ello cometió el delito de fraude procesal. Este, según el Código Penal, es castigado con entre dos y 10 años de cárcel.
Mientras que el delito de homicidio culposo (sin intención), por el que fue acusado García Reyes, es considerado menos grave, penado con prisión de no más de tres años.
Este admite conciliación entre el acusado y la familia de la víctima.
Desde el día del percance, los funcionarios de Gobierno manejaron el caso con hermetismo. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía General denunció que había un intento por manipular la información para encubrir a alguien.