La Cámara de lo Penal de Santa Tecla ordenó ayer la recaptura del capitán Lisandro Moisés Chávez Vigil, jefe del Batallón Presidencial, luego de anular lo resuelto por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad que le otorgaba el beneficio de ser procesado en libertad, informó la Fiscalía.
Además, el tribunal superior resolvió que Chávez Vigil tiene que ser procesado por fraude procesal y no por encubrimiento, por el hecho de que él habría ordenado el retiro de la camioneta de Casa Presidencial, sin que la Policía de Tránsito hiciera la inspección del accidente en el que el motociclista Mario Alberto García, fue arrollado por el conductor del vehículo de la Presidencia, el 1 de mayo.
En la camioneta viajaba un nieto del presidente Sánchez Cerén, según uno de los fiscales asignado al caso. Chávez Vigil habría alterado la escena del accidente, debido a que llegó con varios hombres armados y se llevaron la camioneta que minutos antes había arrollado a García.
La resolución de la Cámara señala que “el acusado actuó con dolo y en carácter personal, que va más allá de la cadena de mando, como lo había expresado el Juez de Paz”, y agrega que “con dicha actuación trató de inducir a un error a la autoridad administrativa de la Fiscalía y a la inspección de la escena de los hechos”.
Señala que “hay una finalidad de su parte que trasciende la mera ayuda a encubrir a una persona en cualquier momento de un proceso y da la razón al requerimiento presentado por la Fiscalía”.
El Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad resolvió en la audiencia inicial que el militar debería de ser procesado por encubrimiento y no por fraude procesal tal como lo acusó la Fiscalía.
Desde que se produjo el accidente, funcionarios de Casa Presidencial se mantuvieron herméticos con el caso y siempre manifestaron que estaban en investigación y que desconocían sobre el conductor de la misma.
El fiscal Douglas Meléndez reiteró en varias ocasiones que Casa Presidencial había entregado información incoherente con respecto al motorista de la camioneta.
El 5 de julio pasado, la familia de García y el abogado del motorista del vehículo conciliaron con una suma de dinero que no fue revelada.
Los padres de Mario García dijeron estar satisfechos con el arreglo económico, aunque dijeron que con eso no le devolvían a su hijo. Lamentaron que hubiesen tenido que pasar más de dos meses, a veces citados por la FGR y a veces por el abogado del responsable de la muerte, para llegar a un acuerdo económico.