Tras cuatro meses de acefalía en la Corte de Cuentas de la República (CCR), los diputados lograron ayer elegir como presidente de esa entidad contralora a Rodrigo Antonio Barahona Escalante, a Nolberto Osmín Cunza López como primer magistrado, y a Karen Yamilet Cruz Pineda como segunda magistrada.
Los tres funcionarios contaron con 77 votos en la plenaria realizada ayer, es decir, una votación unánime nominal y pública. Su periodo vencerá el 30 de julio del próximo año.
Los legisladores habían tomado con serenidad la elección de los nuevos magistrados, pese a que la Corte de Cuentas no tenía titulares desde el pasado 29 de julio, y aún cuando habían culminado con las entrevistas de todos los candidatos, ya que aseguraban que no había consenso para decidir.
El pie en el acelerador para lograr el acuerdo lo puso el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando la semana pasada les informó que no podían acceder al crédito puente de $550 millones mientras se colocan los bonos por esa misma cantidad, dado que no había presidente de la CCR que firmara el aval.
Tras ese tropiezo que tuvieron los diputados debido a su retraso en elegir a los magistrados es que esta semana aceleraron el proceso para nombrar a los funcionarios ayer.
Y es que los $550 millones le urgen al gobierno para poder saldar las cuentas pendientes con proveedores en lo que resta del año,entregar el subsidio de la energía eléctrica, pagar pensiones del Ipsfa y el Fodes que le debe a las 262 alcaldías, entre otros compromisos financieros.
Barahona, tras ser juramentado como titular de la CCR por el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, de GANA, expresó que ya llevaba listo el bolígrafo para firmar el documento del crédito puente.
La decisión de los diputados dio un vuelco con lo que el martes pasado se vislumbraba, ya que los ungidos ayer no fueron todos los que habían logrado el mayor respaldo de los partidos de oposición, pero sí son de los candidatos que habían propuesto ARENA, PCN, GANA, PDC y el FMLN.
El martes pasado quienes despuntaban como favoritos para ser electos eran Marco Antonio Grande Rivera, quien fue uno de los que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había ordenado separar de sus funciones porque la Asamblea no demostró su idoneidad para el cargo.
A Grande se le vinculaba con el PCN, y siendo que la Sala falló en contra de que la Asamblea elija funcionarios con nexos partidarios es que Gallegos sostuvo que fue descartado para evitar una nueva inconstitucionalidad. Otro que gozaba de respaldo era Ángel Antonio Cornejo Cañenguez.
Fungirán ocho meses
Pero ayer Barahona tuvo el apoyo de GANA, PDC y PCN, mientras que Cunza López fue propuesto por el FMLN y Cruz Pineda, quien fue directora del Centro de Capacitación de la Corte de Cuentas, contó con el apoyo de ARENA, PCN y PDC.
Después de ser juramentados, los nuevos funcionarios expresaron que trabajarán de la mano con la Asamblea y que tienen experiencia en la trayectoria que demanda la CCR.
Los nuevos magistrados sólo ejercerán sus cargos por cerca de ocho meses, que es lo que resta para que venza el periodo para el que habían sido electos Johel Humberto Valiente, Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande en julio de 2014.
La nueva elección de magistrados ocurre luego que la Sala de lo Constitucional le dijo a la Asamblea que no había demostrado que no tenían vínculos partidarios y ni la idoneidad para el cargo, por lo que le ordenó en junio de 2016 volver a elegirlos.
Desde entonces la Asamblea venía acarreando esa tarea y al no encontrar consenso entre los partidos fue que a mediados del presente año tuvieron que autorizar a una comisión técnica especial dentro de la Corte de Cuentas para dirigir la institución y no desatender la parte administrativa.
Sin embargo, los exámenes de auditorías que estaban a punto de tener una resolución final estaban atrasados por la ausencia de los magistrados de la CCR.
Y ayer tras la elección, los diputados aprobaron varias reformas a la ley orgánica de la Corte de Cuentas, entre ellas, eliminar el “presidencialismo” que le ha permitido a los titulares de la Contraloría emitir finiquitos a funcionarios y exfuncionarios que enfrentan procesos por presunto enriquecimiento ilícito. (Ver más en nota aparte).
Ahora lo que resta es que el presidente Salvador Sánchez Cerén sancione el decreto de la elección y lo envíe de forma exprés para su publicación en el Diario Oficial, según lo explicó el jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero.
El arenero añadió que en el dictamen de la emisión de los $550 millones en bonos aprobados anteriormente ya va implícito la autorización del crédito puente.