La empresa de economía mixta ALBA, en parte formada con fondos provenientes de alcaldías gobernadas por el FMLN, está obligada a rendir información sobre sus cuentas y las de las demás compañías que han sido creadas bajo su sombrilla, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Así lo explicaron abogados como el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, y el director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Burgos, quienes pusieron como referencia el Artículo 7 de la LAIP.
“En el caso de las empresas relacionadas con ALBA puede aplicárseles lo establecido en el Artículo 7 de la LAIP, que establece que también están obligados (a dar información) las sociedades de economía mixta y las personas que manejen recursos públicos”, señaló Burgos.
La empresa se ha negado a dar información acerca de sus finanzas ante las insistentes peticiones que ha hecho El Diario de Hoy para que representantes de la firma se pronuncien al respecto.
Incluso, el secretario general del FMLN, Medardo González, y el también dirigente efemelenista Carlos Ruiz, prefirieron ayer no emitir opinión sobre la relación que tiene este partido con la empresa, cuyas finanzas y las de algunas de sus empresas están en número rojos, de acuerdo a los más recientes balances contables que constan en el Centro Nacional de Registros (leer nota aparte).
Incluso, directivos y asesores de la empresa se han negado en ocasiones anteriores a hablar sobre el tema, el cual han dejado en manos de otros directivos que, a su vez, también han rechazado dar cuentas sobre la compañía, fundada en 2006.
Pero Burgos destaca que la empresa debe rendir cuentas, a pesar de que se lo ordene la LAIP, en vista de que la misma ha sido constituida con fondos públicos.
“El origen de este conglomerado de empresas vinculado muy directamente al partido de gobierno nace de aportaciones de varios municipios y de fondos internacionales que se juntaron para hacer una apuesta de origen financiero, dirigida al lucro”, manifestó Burgos.
Agregó que, aunque la actividad económica de la empresa puede ser lícita, hay críticas para la misma por no transparentar el uso de las finanzas correspondientes a los fondos públicos.
“Esa actividad, si bien puede parecer legítima desde un inicio, ha sido cuestionada la falta de transparencia en cuanto a su administración y el manejo de una deuda que se genera para los municipios que eventualmente tendrán que pagar los contribuyentes. La información están obligados a entregarla”, sostuvo Burgos.
El comisionado Campos, del IAIP, coincide en que la empresa debería rendir cuentas sobre los fondos públicos. “Las personas naturales o jurídicas también están sujetos a las obligaciones de transparencia, en cuanto estas instituciones u organismos privados manejen fondos públicos o ejerzan una función o una actividad propia del Estado”, sostuvo.
No obstante, Campos advierte que la ley no obliga a las empresas como ALBA a mantener la información de sus empresas en el sitio web, “por mucho que sea una buena práctica en materia de transparencia”.
Campos informó que cuando se trata de empresas privadas que manejan fondos públicos, la LAIP establece que cuando se requiere información, debe hacerse a través de la entidad pública que ejerce su vigilancia o control. En este caso Burgos y Campos creen que puede ser Ministerio de Economía.
Sin embargo, los representantes de la compañía, muchos de los cuales son miembros del partido del gobierno, se han negado rotundamente a declarar sobre las finanzas de la misma.
Información eliminaría críticas a la empresa
Por su parte, Burgos es de la idea de que empresas como ALBA deben rendir cuentas de todo tipo, pero eso pasa porque haya entes reguladores por parte del Estado que se encarguen de registrar esta información.
“Si eso no se está controlando estamos ante un espacio de opacidad que es por lo que precisamente se les ha señalado en reiteradas ocasiones de ser financistas de campañas políticas, entre otras cosas”, advirtió.
Lo señalado por Burgos está en línea con un estudio realizado por la Universidad de Salamanca, según el cual las operaciones de ALBA podrían constituir “clientelismo político” con miras a tener ventaja sobre otras empresas para beneficio del partido de gobierno.
“Las condiciones de transparencia, de acceso a la información y rendición de cuentas son esenciales para evaluar la democracia que se vive en un país, y en el nuestro existen obligaciones puntuales en materia de acceso a la información cuando se trata de la administración de recursos públicos”, agregó Burgos.
El Diario de Hoy publicó una serie de reportajes en los que establece, basándose en informes de contabilidad de la compañía, que la misma está operando con pérdidas y que ha tenido que deshacerse de importantes activos, así como algunas de sus empresas relacionadas.
Por otra parte, se ha podido constatar que los costos para la distribución y venta de combustible, que fue una de las principales banderas de esta empresa, están por encima de la misma venta.
Otras empresas relacionadas a ALBA, como Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA), Arrocera San Francisco y la financiera Tu Solidaria, también están en dificultades económicas, según los balances contables.