De acuerdo a reconocidos analistas jurídicos del país, los sobresueldos entregados a diferentes funcionarios por Casa Presidencial (Capres) constituyen una práctica nociva y los involucrados incluso podrían ser procesados por diferentes delitos.
A inicios de semana, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco y Rodolfo González, afirmaron en una entrevista televisiva que la Presidencia de la República sigue pagando sobresueldos y exhortaron al presidente Salvador Sánchez Cerén a investigar y parar eso.
“Mientras nos gritan corruptos, allá en Casa Presidencial están entregando sobresueldos, la ciudadanía debe ser cuidadosa. A nosotros llegan a gritarnos todos los días ‘corruptos’, pero nosotros no recibimos sueldos al margen de la Ley”, afirmó Blanco.
En ese contexto, Blanco denunció que un funcionario fuera del Ejecutivo, que no identificó, llegó a recibir de Capres hasta $20 mil de sobresueldos, algo ilícito, dijo.
Los juristas Francisco Bertrand Galindo, Carlos Guzmán Segovia y Humberto Sáenz Marinero coincidieron en que la Capres podría incurrir en malversación de fondos y peculado, por emplear recursos en actividades ajenas a su objetivo original.
“Se puede hablar de malversación por parte de quien paga porque no se supone que los fondos públicos estén siendo destinados para ese tipo de propósitos”, dijo Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Otro delito que podría involucrar tanto a quien paga como a quien recibe los fondos es el cohecho, que según el Código Penal se da cuando un funcionario recibe una dádiva o cualquier ventaja indebida por retrasar un trámite o hacer actividades propias o impropias a su cargo.
Bertrand Galindo afirma que este delito puede aplicarse, pues en los sobresueldos “se habla de algunas característica de soborno”, especialmente si quien recibe los fondos está en una posición de investigación o aplicación de justicia. En estos casos, advierte el jurista, estos pagos pueden servir para “comprar la voluntad de alguien que debe ser independiente de acuerdo con la Constitución”.
Guzmán, expresidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), considera que los funcionarios involucrados en estas prácticas también “podrían caer en delitos tipificado como casos especiales de lavado de dinero y activos”.
Asimismo, hay indicios de evasión fiscal, pues a juicio del presidente del CEJ, “estos ingresos no son declarados ni controlados por nadie”.
Los abogados coincidieron en que estas irregularidades no solo involucran al responsable del fondo circulante de Capres, de donde se originan estos fondos, sino a quienes tienen conocimiento y avalan la práctica.
“Es decir, podría haber responsabilidad hasta del mismo presidente”, dijo Sáenz.
Se daña la independencia de poderes
Además de los delitos señalados por los juristas, otra consecuencia de los sobresueldos es que instituciones que deberían ser independientes del Ejecutivo pueden verse influenciadas por estos pagos.
Guzmán advierte que “el titular de una institución que recibe sobre sueldos no justificados legalmente, compromete gravemente la independencia de la institución que dirige, pues sus actuaciones estarán parcializadas por esta práctica que riñe hasta con la compra de voluntades”.
“Esto le resta total independencia a las instituciones”, lamentó Sáenz, quien ilustró que “para un funcionario que gana cierta cantidad pero ha recibido hasta el doble en sobresueldos, la autonomía que su cargo requiere es prácticamente inexistente”.