La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene una lista de casos pendientes por los cuales emitir resoluciones.
Estos han sido sometidos a análisis de los cinco magistrados luego que diferentes ciudadanos interpusieran denuncias ante el tribunal superior. La demanda más reciente de las demandas aceptadas fue la relacionada con la reforma de la Ley de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y por ella la Sala ordenó que los fondos destinados a las pensiones no fueran usados para la deuda del Gobierno.
Otras vienen desde 2015, como el caso del Sistema Integrando de Transporte del Área Metropolitana (Sitramss) sobre el cual se analiza si existe una contradicción entre el Reglamento de Transporte Terrestre y la Constitución de la República. Estos son los principales casos por resolver:
Aumento de 13 % en tarifas de energía eléctrica
El Gobierno firmó en junio de este año un decreto que aprobaba incremento del 13 % a las tarifas de la energía eléctrica “para inversión social” y que los fondos obtenidos irían a parar directamente a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), lo que implicaba una reforma al Reglamento de la Ley General de Electricidad.
La medida entraría en vigencia el 15 de julio, pero cuatro días antes la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto y también suspendió el cobro del aumento a la tarifa.
El demandante sostuvo que dicho cargo presuntamente es un nuevo impuesto al precio promedio de la energía eléctrica, lo que vulneraría el principio de reserva de ley tributaria establecido en el artículo 131 ordinal 6º de la Constitución, y el principio presupuestario de caja única regulado en el artículo 224 inciso 1º.
Demanda contra el Sitramss
La Sala de lo Constitucional todavía no emite sentencia respecto a la demanda de inconstitucionalidad contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) admitida en agosto del año pasado.
En la resolución, los magistrados establecieron que analizarían si los artículos 2, 8, 25, 57 y 156 inciso final del Reglamento de Transporte Terrestre que habilita el funcionamiento del proyecto no riñen con el artículo 20 de la Constitución, es decir, sin previa concesión avalada por la Asamblea Legislativa.
Ampliación de períodos para alcaldes y diputados
El 23 de abril de este año, con 74 votos, la Asamblea Legislativa acordó reformas constitucionales que permitían extender de tres a cinco años el período de los alcaldes y diputados a partir de las elecciones de 2022.
Ante ello, el Tribunal Constitucional admitió en julio la demanda de un ciudadano y ordenó suspender ratificación de tales reformas, basándose en se habría violado una etapa del proceso constitucional y debía existir una efectiva posibilidad de intervención del pueblo.
Demanda de amparo contra el ISSS
La Sala de lo Constitucional también admitió este mes una demanda de amparo contra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por la vulneración de los derechos de las personas que padecen de insuficiencia renal crónica. Además, como medida cautelar mientras emite una sentencia, ordenó mejorar el tratamiento para dichos pacientes. Los demandante expusieron que en un acuerdo aprobado en agosto 2015 por el Concejo Directivo del ISSS decidió incorporar otro medicamento para el tratamiento de la enfermedad, justificando que este implicaba menos costos para combatir la anemia de las personas con padecimientos de insuficiencia renal crónica. También se cambió la frecuencia en la aplicación de la medicina y como resultado los pacientes sufrieron efectos secundarios atribuidos al medicamento aplicado.