La Unidad de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial (Capres) afirmó que en esta institución no se ha generado información sobre el pago de la mudanza de bienes del expresidente Mauricio Funes a Nicaragua, donde se encuentra asilado.
El pasado 20 de agosto, en medio de los allanamientos a propiedades vinculadas a Funes, un furgón con pertenencias del expresidente fue interceptado cuando se dirigía a Nicaragua.
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En su momento, el fiscal Andrés Amaya indicó que la propietaria del furgón se presentó a la Fiscalía a avisar que una persona que se había identificado como miembro del Batallón Presidencial la había contratado para hacer la mudanza hacia Nicaragua. Esa misma persona le manifestó que lo que transportaría eran cosas de parientes de Funes.
A raíz de estos eventos, los ciudadanos José Roberto Burgos Viale y Xenia Hernández hicieron una solicitud de información requiriendo a Capres la “copia de la orden administrativa para que el mayor William Guzmán Arbaiza (del Batallón Presidencial) contratara mudanza de la vivienda ubicada en Colonia Lomas de San Francisco, Calle Circunvalación, #225”, así como información del origen de los fondos usados para financiar el traslado de bienes.
En su respuesta a los ciudadanos, la Presidencia declaró “sin lugar” la solicitud pues afirma que no hay registro de estos movimientos e intuye que podrían haber sido actividades privadas del mayor en cuestión, por lo que “se desconoce el origen de los fondos”.
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A juicio de los peticionarios de información, la respuesta de Capres no es satisfactoria.
“Si era la casa del expresidente y la contratación de la mudanza la encargó un mayor del batallón que estaba a cargo de su seguridad, según declaraciones de la Fiscalía, sospechamos que fue financiado con fondos públicos en efecto, pero no tenemos esa certeza”, dijo Roberto Burgos a este medio.
Por su parte, Xenia Hernández señala que considerando el historial de Casa Presidencial de proveer información incompleta o negarla, resulta difícil creer que estos movimientos no se financiaron con fondos públicos.
“Viendo la experiencia que tenemos con Capres donde se ha manipulado la información, se han perdido documentos y no dan información fidedigna, incluso a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, no considero que hayan dado información real”, dijo Hernández, quien agrega que solo emitieron esa respuesta para cumplir a medias con la solicitud hecha.
Hernández lamenta que hay pocos mecanismos para exigir información que aparentemente no existe o de la cual las instituciones no dejan ningún rastro.
Sin embargo, opina que sería “ingenuidad” creer que no hubo involucramiento del gobierno y del FMLN en el traslado de los bienes, considerando que incluso le sugirieron al exmandatario quedarse asilado en Nicaragua.
“A nosotros Capres nos dijo que esta parecería una actividad privada y personal (del mayor Arbaiza) sobre la cual no tenía información el Batallón Presidencial. A los peticionarios nos pareció muy extraño que se haya dado ese allanamiento y el primero que se apersona es un oficial del batallón. Además este oficial ya había sido relacionado al expresidente Funes en otra ocasión”, señala Burgos.
En efecto, en una publicación de febrero de 2016 en el periódico digital El Faro se señala que un cheque de $50 mil ingresado a una cuenta de Funes en septiembre de 2015 fue remesado por este mayor, quien según ese medio “aparecía detrás de exmandatario en (...) eventos públicos”.
Burgos y Hernández coinciden en que esta negativa de información sienta un precedente peligroso, pues se pierde la oportunidad de ejercer contraloría sobre el uso de recursos públicos, especialmente en casos controversiales como este. “Si los salvadoreños no podemos activar mecanismos de rendición de cuentas de funcionarios o exfuncionarios, se pone en peligro el erario nacional y se mantiene la impunidad de los corruptos”, dice Burgos.