La no elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) entrampó ayer la posibilidad de acceder a un crédito puente por $550 millones que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén gestionaría para pagar deudas de este año, mientras son colocados los bonos en el mercado de valores.
Acceder a ese crédito puente requiere de la firma del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pero también de los presidentes del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Corte de Cuentas de la República, pero esta entidad no cuenta con el presidente ni los otros dos magistrados, y en su lugar opera transitoriamente una comisión de funcionarios de la misma Contraloría para que ellos dirijan la institución, mientras se elige a los magistrados.
Para solventar este escollo, el partido FMLN pretendía que en la sesión plenaria de ayer se aprobara un decreto transitorio para darle facultad a dicha comisión para que firmara el crédito puente que el gobierno necesita para pagar el Fodes a los alcaldes, pagar a pequeños proveedores y salarios y aguinaldos a los empleados de gobierno, entre otras deudas.
Dip. @lorenagpeam: No pudimos introducir dictamen para emisión de títulos valores, esto retrasa proceso de colocación de títulos valores.
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) November 17, 2016
Sin embargo, las otras fracciones legislativas no accedieron porque advirtieron de que ese decreto transitorio podría ser declarado inconstitucional más adelante y prefirieron elegir la próxima semana a los magistrados de la CCR y así con todas las de la ley proceder a la autorización del crédito puente.
“Ese es el problema que podríamos caer en ilegalidad y para eso son los abogados y constitucionalistas que deberían ver si lo que aprobamos hoy podría caer en una inconstitucionalidad”, manifestó el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez.
Alberto Romero, jefe de la bancada de ARENA, coincidió en que la propuesta del FMLN pueda ser motivo de un recurso de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia invalidarlo.
“Nada cuesta esperarse una semana más para que todo mundo, en la comisión política del siguiente martes, elijamos Corte de Cuentas y problema resuelto. Nosotros nos comprometemos para la otra semana, podemos ponernos de acuerdo y buscamos la gente idónea para la Corte de Cuentas y elegir”, planteó el tricolor.
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Tras un receso para que la Comisión de Hacienda analizara la propuesta efemelenista y luego de cabildear con los legisladores de ARENA, en la reanudación de la sesión plenaria, la diputada del FMLN, Lorena Peña, se fue a su curul y tomó el micrófono para atacar a la oposición.
La parlamentaria dijo que la oposición está buscando la repartición de cuotas para la Corte de Cuentas a cambio de dar sus votos para avalar el crédito puente al gobierno del FMLN (ver recuadro).
“Yo no entiendo de dónde saca cuotas partidarias Lorena Peña. De nuevo, costumbre de ella ser irresponsable en sus declaraciones. No es la primera vez que ella tiene exabruptos como la que acaba de tener”, achacó Alberto Romero.
“Nos desayunamos la idea de emitir un decreto transitorio para autorizar a la comisión que está administrando temporalmente los asuntos administrativos de la Corte de Cuentas, en la que se les quería dar la facultad que se le da por Constitución al presidente de la Corte de Cuentas de la República”, criticó por su parte el jefe de fracción del PCN, Mario Ponce.
Citó el artículo 195 de la Carta Magna que, según él, dice que esa facultad no la puede tener un empleado público.
Meses en acefalía
Desde julio anterior y tras el fallo de la Sala de lo Constitucional que invalidó la elección de Johel Humberto Valiente, Raúl Antonio López y Marco Antonio Rivera Grande como titulares de la Contraloría, la institución es dirigida por una comisión integrada por funcionarios de la misma CCR.
Lo que quedó en evidencia en la Asamblea Legislativa, es que la no elección de esos funcionarios está ocasionando problemas a la hora de querer tomar decisiones importantes para el país.