Una auditoría de bienes y cuentas bancarias ordenada por la Cámara Segunda de lo Civil es clave para la Fiscalía General de la República, para sustentar las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el expresidente Mauricio Funes.
La Corte Suprema de Justicia ordenó abrirle un juicio al exgobernante, a su hijo Diego Roberto Funes Cañas y a la exprimera Dama Vanda Pignato, por un incremento patrimonial no justificado de al menos 728 mil dólares.
Funes debía comparecer este 16 de noviembre en el banquillo de los acusados en el tribunal, pero la diligencia fue pospuesta porque aún no se concluye la auditoría.
“La prueba que va a determinar el incremento del patrimonio injustificado de los demandados, desde luego que será la prueba pericial”, sostuvo Fabio Figueroa, uno de los cuatro fiscales del caso.
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Otra de las representantes de Fiscalía, Ana Galindo, fue más allá al advertir que, al concluir el juicio civil contra Mauricio Funes, habría que esperar que la otra investigación penal que se le sigue concluya y se deduzca su responsabilidad.
Incluso los fiscales dicen que con la auditoría y demás investigaciones podría aumentar la cantidad no justificada por Funes. Las investigaciones conocidas no incluyen depósitos o propiedades en el exterior si es que existiesen.
Esta clase de delitos no admite conciliación o arreglo, enfatizó la funcionaria.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo en su momento estar sorprendido de la vida opulenta que llevaba Funes. “Hemos encontrado opulencia, desde carteras de 4 mil a 6 mil dólares... Gastos increíbles, en compras de juguetes, de gastos que se han hecho en remodelarle el cuerpo a personas, gastos hospitalarios increíbles, eso tiene que ver con enriquecimiento ilícito”, dijo el funcionario.
Una fuente cercana al Ministerio Público reveló que está bien avanzada la investigación penal que se le sigue por cinco delitos más.
Funes, mientras tanto, corrió a Nicaragua a gestionar asilo político justo cuando la Fiscalía inició una serie de allanamientos en su residencia y de otras personas relacionadas al caso, como su hombre de confianza Miguel Menéndez, Mecafé.
El juicio por presunto enriquecimiento ilícito abarca a Diego Roberto y a la exprimera Dama porque no recibían ningún salario, pero sí recibieron dinero o saldaron cuentas con fondos cuyo origen es desconocido, según la Fiscalía. Funes no compareció en la primera audiencia y no se sabe si lo hará en la próxima.
Una fuente judicial dijo que esta segunda audiencia fue retrasada, porque todavía no vencía el plazo para que el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero entregara análisis realizados en entidades bancarias y la Cámara quiere asegurarse de que no haya cabos sueltos en el caso.
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Casi 300 evidencias
En la audiencia la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía tendrá que fundamentar las 290 evidencias que ofreció en septiembre y que fueron admitidas por el Tribunal en la primera audiencia.
También deberá presentar los peritajes financieros solicitados a la Cámara.
Estos están basados en las seis irregularidades que arrojó el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo que buscan
Según el Ministerio Público, a través de las pericias financieras se determinará, entre otras cosas, si en el sistema financiero y en el Ministerio de Hacienda existen evidencias que comprueben que Funes habría recibido entre octubre y diciembre de 2009, $639 mil del movimiento “Amigos de Mauricio”, que impulsó al exmandatario a la presidencia con la bandera del FMLN.
En la primera audiencia, la fiscal Johana Rivas manifestó que hasta el momento no habían encontrado elementos contundentes que establecieran lo anterior, pero si Funes recibió ese dinero tenía que reportarlo a Hacienda y realizar los pagos de impuestos correspondientes.
De manera que, según la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, dijo, se tomaba como parámetros investigar la falta de probidad en el desempeño del gasto.
A partir de ello, los análisis financieros también determinarán si el dinero recibido por los “Amigos de Mauricio” fue utilizado para la compra de dos de los ocho vehículos cuya propiedad le fue congelada por la Corte.
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Además, la Fiscalía pretende establecer si la empresa Multimedia S.A. de C.V. tenía la capacidad de pagar $135 mil a Funes, quien dijo haberlos recibido por haber realizado proyectos relacionados con el área audiovisual, ya que, según Hacienda, la sociedad no tenía tal nivel de ingresos.
De igual forma, los fiscales del caso manifestaron que es objeto de investigación establecer si las empresas Agrosuministros S.A. de C.V., Inversiones Capirucho S.A. de C.V. y Trípode Audiovisual, de las cuales el expresidente alegó haber recibido dinero, tenían la capacidad para hacerle depósitos o préstamos.
La primera, por ejemplo, emitió $250 mil, entre 2013 y 2015; sin embargo, se hará una comparación entre los ingresos de la empresa y los desembolsos realizados a favor de Funes.
Mientras que sobre el hijo del expresidente, Diego Roberto, el Ministerio Público cuestiona si este tenía la capacidad para realizar compra y venta de vehículos, porque a su nombre aparecen dos automotores que habrían sido adquiridos con un préstamo de $95 mil realizado por su madre, Regina Cañas.
Asimismo, si hay evidencias de que el procesado reportó las ganancias obtenidas producto de ese supuesto negocio.
Deudas pagadas que Fiscalía cuestiona
“Todos los recursos para que yo pudiera vivir eran pagados por mi esposo, si la primera Dama no tiene salario, quien pagaba sus gastos diarios, y cualquier cosa, era su esposo, eso en cualquier lugar, eso está más que claro”, dijo Vanda Pignato el 12 de septiembre, cuando asistió a la primera audiencia por presunto enriquecimiento ilícito.
Pignato, de acuerdo con las investigaciones, durante el periodo presidencial 2009-2014, al ser secretaria de Inclusión Social, no recibía salario, pero sí canceló deudas.
"Fue mi ex esposo quien canceló mis deudas": Vanda Pignato
Entre ella y Funes, según Fiscalía, pagaron $220,140 en deudas (compra de vehículos, gastos de vida, pagos de colegiaturas, viajes, compras de armas -85- y otros). De la cantidad mencionada, $194 mil 924 es por cancelación de créditos de ambos y $26,200 utilizados por Funes para una deuda desde 2009 a la sociedad JFC Servicios Jurídicos S.A. de C.V.
Herbert Saca: vendió autos a 4 procesados
El mes pasado, el magistrado de la Sala de lo Constitucional la CSJ, Sidney Blanco, reveló en una entrevista radial que llama la atención en las investigaciones de los casos de presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario Elías Antonio Saca, su exsecretario privado, Élmer Charlaix, y el exdirector del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa, hay un elemento en común, y es que los tres adquirieron autos a Herbert Saca, primo del expresidente Saca.
No obstante, en la resolución emitida por la Corte Plena el 9 de julio pasado, cuando Funes fue enviado a juicio, se estableció que este también adquirió un vehículo que en primera instancia fue comprado por Herbert Saca.
La Fiscalía allana negocios e investiga a Herbert Saca
De acuerdo con el documento judicial, el vehículo Toyota Land Cruiser, año 2013 llegó a manos del exmandatario de la manera siguiente: el 27 de septiembre de 2013 el automotor fue comprado en una venta de autos, por Herbert Saca, a $94 mil; luego fue vendido por $95 mil a Francisco Armando Acosta, el 11 de febrero de 2015, y este lo vendió a Funes el 17 de agosto de ese mismo año por $60 mil.
Después Funes lo vendió por $50 mil a la sociedad Transportes Peña S.A. de C.V, empresa que aparece en las investigaciones contra Charlaix.
El mes pasado, como parte de las indagaciones de la Fiscalía contra el expresidente Saca, procesado por tres delitos de corrupción, las autoridades allanaron la importadora de autos HS, propiedad de su primo.
Para entonces el jefe fiscal de la Unidad de Anticorrupción manifestó que buscaban los contratos de los vehículos vendidos a Funes, Flores Sosa y Charlaix.