Luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) fallara a favor del estado en el arbitraje contra la empresa minera Oceana Gold, El Salvador tiene previsto solicitar a esa instancia que autorice cobrarle a dicha empresa intereses por los días que tarde para pagar los $8 millones que está obligada cancelar al país en concepto de indemnización y costos procesales.
El CIADI falló en favor de El Salvador y prohibió que la empresa minera realice actividades de extracción de oro en la zona de Sensuntepeque, departamento de Cabañas. La empresa pedía un pago del Estado salvadoreño de 314 millones de dólares ya que no se le dieron los permisos para poder realizar sus actividades en el país.
Así lo explicó ayer uno de los abogados del gobierno salvadoreño en este caso, Luis Parada, en un conversatorio con miembros de Centro de Estudios Jurídicos (CEJ). “Si Oceana Gold va a darle largas a esto, que sepa que va a pagar intereses”, explicó el abogado.
Parada indicó que los fallos del CIADI son de inmediato y obligatorio cumplimiento, y explicó que la semana pasada se reunió con los abogados de la empresa para definir cuándo harán efectivo el pago.
Según Parada, los apoderados de Pacific Rim dijeron que por el momento están analizando el fallo y que harán efectivo el pago dentro de 120 días.
Otro aspecto que el abogado destacó es que el fallo no establece que la empresa debe abandonar el país, sin embargo deja claro que no puede realizar las actividades de extracción minera.
Costos
El abogado del Estado destacó que el Gobierno ha salido favorecido con este fallo del CIADI, ya que solo le ha costado $13 millones y no los $314 millones que solicitaba la empresa minera en su querella.
Asimismo, puso como otro punto a favor de El Salvador el hecho de que ha sido el país que más dinero ha recibido en concepto de costos procesales e indemnización por parte de la empresa demandante.
El abogado Parada recordó que la firma minera no cumplía tres requisitos fundamentales para poder iniciar la extracción minera en el país.
El primero fue que no era propietaria de toda la superficie donde pretendía hacer la extracción. En segundo lugar, no presentaron un estudio de factibilidad como lo establece la Ley de Minería y como tercer punto, no obtuvo los permisos ambientales para poder realizar la actividad.
“La empresa debe convencerse de que ya la gente sabe que la minería metálica no es apta para el país”, señaló el abogado.
A juicio de Parada, si el país hubiera perdido este arbitraje ante la empresa hubiera tenido limitaciones a la hora de decidir sobre su futuro en materia de minería metálica.
El abogado anunció que hoy a las 8 de la mañana se realizará una misa de acción de gracias en Sensuntepeque y por la tarde, un festival para celebrar la decisión del tribunal internacional.
Al mismo tiempo, aseguró que la empresa trataba de “aprovecharse de la necesidad económica” del país para presionarle a que le permitiera continuar con la actividad minera.
Incluso, sostuvo que en el fallo del tribunal internacional se deja claro que El Salvador dio un trato generoso y benevolente a la empresa Oceana Gold.