El expresidente Elías Antonio Saca, tres de sus exfuncionarios y tres colaboradores de Casa Presidencial enfrentarán la audiencia inicial este jueves, tras ser acusados de haber desviado $246 millones de fondos públicos.
El proceso lo conocerá el Juzgado Cuarto de Paz, mismo donde el martes la Fiscalía General presentó la acusación, contenida en 21 cajas con diferente documentación.
Los detenidos fueron trasladados ese día a una sala de audiencia en el centro judicial Isidro Menéndez para conocer los señalamientos en su contra, sin embargo, recibieron un trato diferente que el brindado a una persona en calidad de reo, pues no vestían como tal y tampoco fueron llevados esposados a la sala.
TE PUEDE INTERESAR: Continúan allanamientos en propiedades de expresidente Saca
En el caso, al que Fiscalía ha denominado Destape a la Corrupción, están involucrados Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; César Funes, exsecretario de la Juventud y expresidente de Anda; y Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia.
Además de Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, jefe de la Unidad Financiera y Tesorero Institucional de la Presidencia, respectivamente; y Pablo Gómez, contador de Charlaix.
Las capturas de los imputados ocurrieron 18 días después que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolviera por unanimidad (15 votos), enviar a juicio civil a Charlaix por presunto enriquecimiento ilícito, luego que el informe de la Sección de Probidad reflejara un incremento patrimonial injustificado de $18 millones provenientes de arcas del Estado.
El informe menciona a los demás imputados, porque se supone que recibieron en cuentas personales dinero proveniente de la Presidencia en la administración Saca.
TE PUEDE INTERESAR: La casa de Tony Saca que la Fiscalía ha ordenado allanar
La resolución firmada por todos los magistrados establece “que es procedente informar al Fiscal General de la República sobre la posible comisión de un hecho delictivo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 265 y 312 del Código Penal, específicamente el de enriquecimiento ilícito, contemplado en normativa penal, o cualquier otro previsto en las leyes especiales, como la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y la Administración de los Bienes de origen o destinación ilícita”.
Una semana después de la decisión de la CSJ, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, reveló en una entrevista radial que Charlaix recibía $3 mil como exsecretario privado de Saca, pero también cobraba $5 mil mensuales por “administrar cuentas secretas”.
En su declaración patrimonial, Charlaix alegó que parte de los fondos que habían en sus cuentas provenían de su cargo como colaborador para el manejo de “gastos reservados y secretos” relacionado con Inteligencia del Estado, sin embargo cuando la CSJ solicitó a la Presidencia el acuerdo de nombramiento y reglamento de dicho cargo, esta dijo que no contaban con la documentación.
Blanco también señaló un elemento en común que existe en el caso de Charlaix y el juicio civil que enfrenta el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores Sosa, y el expresidente Mauricio Funes: los tres habrían adquirido vehículos a precio real a Herbert Saca, primo del expresidente Saca, y los habían vendido “cinco veces mayor” que el precio comercial.
El lunes, como parte de las investigaciones fiscales, las autoridades allanaron la empresa importadora de vehículos HS Import’s, propiedad de Hebert Saca, primo del expresidente. Además el Juzgado Segundo de Paz ordenó allanar otros lugares vinculados a Saca, como el Grupo Radial Samix, un inmueble en la residencial Luna Boza, en Usulután, donde funciona la Radio Difusora Usuluteca; y la mansión del exmandatario, en la colonia Escalón.
TE PUEDE INTERESAR: La FGR investiga a Saca por supuesto desvío de $246 millones
Esta semana el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que los imputados en este caso son investigados por el supuesto desvío de 246 millones de dólares provenientes del Estado, dinero que habría sido depositado a cuentas personales de los acusados.
Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, detalló que la cantidad antes mencionada fue extraída de la cuenta subsidiaria institucional del tesoro público de la Presidencia y fue distribuido en 14 cuentas bancarias de Charlaix, Gómez y Rodríguez Arteaga.
De esos $246 millones, según Meléndez, al menos $116 millones fueron cobrados en efectivo. “De las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego fueron transferidos, vía triangulación a cuentas o empresas, algunas del expresidente Saca”, reveló.
Indicó que las empresas de Saca sirvieron para que el dinero fuera transferido a las mismas.
El fiscal Cortez explicó que los $116 millones fueron transferidos en cheques a cuentas particulares de Charlaix y se utilizó “una metodología para tratar de despistar”, porque el exfuncionario habría abierto dos cuentas a su nombre cuando Saca asumió su mandato, en 2004, pero diez meses después las cerró y abrió cuentas a nombre de Pablo Gómez y Francisco Arteaga, a las que transfirieron la mayor cantidad de dinero proveniente del Estado.
Saca y Charlaix en juicio civil en mismo tribunal
Saca y Charlaix no solo son procesados por la vía penal, ambos tienen pendiente un juicio civil en la Cámara Primera de lo Civil.
La investigaciones los involucran también en la apropiación de fondos del Estado. En el caso de Saca, la cantidad de supuesto enriquecimiento ilícito es de $3.9 millones, mientras que Charlaix habría incrementado su patrimonio con $18 millones.
En el caso del exmandatario, todavía no se realiza ninguna audiencia, porque Fiscalía espera la resolución de la Sala de lo Civil, sobre una apelación que busca incluir en la demanda a sus hijos.
Mientras que el proceso contra Charlaix fue admitido por la Cámara esta semana, a la espera que Fiscalía presente la demanda.