Según Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), en Casa Presidencial y otras instituciones el dinero se manejaba y se sigue manejando con opacidad y discrecionalidad.
Rubio lamentó que hay una confusión en “muchos funcionarios que creen que el Estado es suyo, es su finca y la usan como quieran”.
Sin embargo, explicó que hay casos como el movimiento de fondos públicos a cuentas privadas (como es el caso que está llevando al exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlaix, a ser enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito) que son tan burdos y grandes que llaman la atención de instituciones como la Sección de Probidad, que emitió un informe que fue avalado por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Esto no es un invento de dos magistrados como están queriendo decir”, dijo el director de Funde en una entrevista televisiva esta mañana.
A sus palabras se sumó el abogado del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, Félix Ulloa, quien sostuvo que “hay que quitarse esa venda que ciega el análisis”, en respuesta a quienes consideran que los últimos pasos en el combate a la corrupción en el país van orientados a beneficiar a un bando político en particular.
Ambos analistas destacaron que en los últimos días ha habido tres casos llamativos que han puesto en movimiento a las instituciones de justicia del país: Primero, se capturó y abrió proceso contra un jefe del Batallón Presidencial por presunta manipulación de la escena del accidente donde una camioneta asignada a Casa Presidencial chocó con un motociclista, quien posteriormente falleció. Además se reveló que el ocupante de la camioneta era el nieto del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Segundo, el periódico digital El Faro reveló que voceros del partido de gobierno dialogaron con pandilleros para establecer un programa de microcréditos a las pandillas que pudo haber costado hasta $10 millones provenientes de fondos públicos. Esto, tras la filtración de unos vídeos donde importantes dirigentes del FMLN discuten con líderes de estas estructuras criminales.
Tercero, la captura del expresidente Elías Antonio Saca, el expresidente de ANDA, César Funes, y el exsecretario de comunicaciones Julio Rank, acusados de peculado, lavado de dinero y asociaciones ilícitas.
Según Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), “hay que ver las cosas positivamente. Estamos viendo que un expresidente estuvo en la cárcel, uno salió corriendo y otro que está capturado. Eso no se veía antes. El país está avanzando y nos va a costar digerirlo”.
Rubio rechazó completamente las sospechas de conspiración y persecución política en estos casos, particularmente el del expresidente Saca, y añadió que “es descabellado pensar que hay teorías de conspiración cuando se están haciendo bien las cosas. Ahí sacan el estribillo de que es una cortina de humo, una persecución o que se está haciendo para favorecer a un lado o a otro. Es un tipo de escepticismo malintencionado”.
Aplauden al Ministerio Público
Ambos analistas elogiaron a la Fiscalía General de la República por sus investigaciones y señalaron avances inusitados en la lucha contra la corrupción, que por años caminó a paso lento y ha llevado a una olla de presión, según explicaron.
“Por muchos años se denunciaron delitos de cuello blanco y no habían podido fructificar esas demandas. Sin embargo, con experiencias cercanas como la de Guatemala y su CICIG, se vio la posibilidad de combatir estos males”, dijo Ulloa, quien destacó que la FGR ha demostrado tener la fuerza suficiente como para que el país no necesite una comisión internacional contra la impunidad como la CICIG en Guatemala.
Ulloa también advirtió que es importante, además de hablar de la Fiscalía, que se fortalezca la Policía Nacional Civil y el sistema judicial para que estos casos lleguen a una pena cuando corresponda.
“Ahora sabemos los actos de corrupción, antes ni siquiera se sabían. Bastaba que cambiara un poco la institucionalidad para que las cosas comenzaran a funcionar”, afirmó Rubio, quien señaló como casos importantes la integración de la Sala de lo Constitucional en 2009, la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el despertar de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la labor de la Fiscalía en la actualidad.
Asimismo, llamó a la Corte de Cuentas a reactivarse y cumplir con su labor contralora.
Pese a que ambos analistas celebraron las acciones del Ministerio Público, criticaron la forma en que se llevaron a cabo las capturas de Saca, Rank y César Funes y consideraron que esta institución debería cuidarse de no incurrir en un espectáculo.
“Si los casos no se tratan bien, al llegar a sede judicial se caen. Por eso preocupa que en esta lucha contra la corrupción se le esté dando mucha atención a la parte mediática porque podemos caer en un problema como de un circo (...) en un tema tan delicado”, lamentó Ulloa.