Mientras miles de empleados de sistema público de salud marchaban en la capital; en los centros hospitalarios, el trabajo se realizaba como de costumbre; aunque el personal apoyaba la actividad que realizaban sus colegas en las calles.
“Les doy la razón por lo que ellos andan marchando; el gobierno ha venido ha violentar la ley y se nos ha descontando por la reducción de labores”, dijo un vigilante que trabaja desde hace 35 años en el hospital San Bartolo, de Ilopango.
En el hospital San Bartolo, las autoridades han aplicado descuentos salariales al personal.
Para el director de ese sanatorio, Carlos René Fernández, los procesos de descuento no pueden revertirse, y estos variarán dependiendo del salario de los trabajadores y los días que apoyaron el paro.
Fernández, también, envío un aviso a la Fiscalía General de la República para que determinará si violentaron algún derecho como : al libre transito, derecho al trabajo o al derecho a la atención en salud.
Según el director del nosocomio el “70% del presupuesto que tienen el hospital se utiliza para el pago de salarios”. Explicó que para pagar el escalafón 2017 a los 312 empleados del San Bartolo necesita 350 mil dólares anuales.
“Yo comparto la ley, en el sentido que es una ley y hay que respetarla. Pero, lamentablemente, en este momento crítico es imposible que se cumpla una ley que se ha cumplido en los últimos siete años, sin ninguna alteración. Pero que en este momento es difícil que se pueda cumplir”, dijo el director.
En el hospital Bloom, lugar donde inició la marcha, los pacientes fueron atendidos con normalidad.
En el hospital Zacamil los usuarios recibían sus medicamentos, recetas y se brindaba la consulta externa, mientras trabajadores que salían de turno se preparan para la marcha.