En Casa Presidencial no hay documentación que respalde que Élmer Roberto Charlaix, exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, también fuera designado como colaborador para el manejo de “gastos reservados y secretos” para ejecutar actividades relacionadas con Inteligencia de Estado, durante 2004 y 2009, tal como él lo señaló ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo confirmó un magistrado que pidió no identificarse. Dijo que el jueves, cuando por unanimidad los 15 magistrados decidieron enviar a juicio civil a Charlaix por presunto enriquecimiento ilícito, Capres notificó que no había encontrado el acuerdo de nombramiento y el reglamento para que asumiera las funciones en el cargo.
Esto es cuestionado porque en sus alegatos de defensa, Charlaix presentó documentación sobre el acuerdo del nombramiento asignado por la Presidencia, cuya fecha es del 1 de junio de 2004, día en que Saca asumió su mandato.
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Ante el hallazgo de 19 irregularidades en su declaración patrimonial, explicó que según el acuerdo “el colaborador, deberá aperturar las cuentas personales que estime necesarias, con el objeto que en éstas se acrediten los fondos reservados y secretos de naturaleza pública provenientes del presupuesto general de la nación”.
Lo que Charlaix dijo haber recibido de Inteligencia
De acuerdo con la investigación de Probidad, fueron cuatro cantidades de dinero las que Charlaix dijo haber recibido como parte de Inteligencia de Estado, que en total suman 17 millones, es decir un millón menos de la cantidad que no ha justificado como parte de su patrimonio.
Sin embargo, la investigación detalla que el exsecretario privado de Saca no especificó el destino que habían tenido esos fondos porque explicó que, por mandato constitucional y legal, no podía hacerlo.
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Entre los depósitos que Charlaix realizó a una cuenta bancaria personal, y que figura en la investigación como la cantidad más alta, se encuentran 15 millones 56 mil 249 que recibió a través de cheques a nombre del expresidente Saca y son procedentes de la cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia.
Pero los razones para ese desembolso no han sido detalladas por el señalado y tampoco ha podido justificarlo.
Probidad observó, de acuerdo con los cheques emitidos en la misma cuenta para este y otro depósito de $582 mil 275, que los fondos eran a favor de personas naturales entre los que aparecen César Funes, expresidente de ANDA, quien recibió ingresos de 45 mil dólares; Julio Roberto Zamora, que era encargado de la Dirección de Proyectos de Capres y que aparece en la lista con un ingreso de 1 millón 166 mil dólares; y José Antonio Salaverría, quien según la documentación, percibió ingresos de 49 mil 443 dólares.
Asimismo se menciona al partido Arena con ingresos de 400 mil dólares y a empresas publicitarias.
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Por ello Probidad estableció que estos fondos no eran para la ejecución de acciones relacionadas con Inteligencia de Estado para combatir a las pandillas, como lo manifestó Charlaix en sus alegatos de defensa.
Estas transacciones, de acuerdo con los señalamientos de la investigación, se contradicen con uno de los literales del acuerdo que supuestamente fue emitido por el mismo expresidente Saca el 1 de junio de 2004.
“El procedimiento de traslado de fondos públicos a la cuenta personal, no hace que los fondos pierdan su origen y su carácter público, sino que se constituye en un mecanismo que posibilita el financiamiento expedito de las actividades de inteligencia legítimas y con soporte constitucional y que, de hacerse en forma pública, pondrían en peligro la seguridad nacional, las fuentes de información o la integridad del personal, y tienen la clasificación de secreto y reservado”, establece.
Otro de los depósitos que realizó Charlaix a una cuenta corriente es de $1 millón 659 mil 41, cuyo origen del dinero todavía se desconoce.
En dicha cuenta se muestra que hubo 9 depósitos, el primero de ellos y el mayor fue realizado en junio 2004, cuando ingresaron 634 mil 541 dólares, mediante tres cheques de otras entidades bancarias, pero en la boleta de remesa no se identifica el nombre del depositante, solamente se lee Presidencia.
Tal observación fue desvirtuada por Charlaix alegando que eran remesas que provenían de la Presidencia para “gastos reservados” destinados a actividades de Inteligencia.
“Reiterando que los fondos proceden de un origen lícito, ya que provienen de las cuentas antes mencionadas y que se actuó con el debido fundamento legal”, fue la justificación que Charlaix brindó ante la sección de Probidad.
También, según las investigaciones, el exsecretario privado de Saca depositó $250 mil 317 en la misma cuenta y el origen de esta cantidad todavía no ha sido justificado.
Sin embargo, manifestó que los fondos eran provenientes de la cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público Gastos Operativos de la Presidencia y, por lo tanto, solicitó que se desvaneciera el señalamiento.
Estas solo son cuatro de las irregularidades que Charlaix tendrá que aclarar en el proceso civil en su contra, el cual, según la CSJ, será remitido a la Cámara Primera de lo Civil, donde también está el caso de presunto enriquecimiento ilícito contra Saca y su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca.
La Corte, además, ha ordenado la inmovilización de cuentas bancarias y de inmueble.
Este es el quinto juicio civil que el máximo tribunal ha abierto contra funcionarios o exfuncionarios, por no justificar ingresos.
