El mapa político de El Salvador estará completo hasta marzo de 2015, cuando se realicen las elecciones legislativas y municipales. Seguramente los partidos, principalmente el que represente a la oposición política, le apostarán decididamente a conseguir el mayor número de diputados. Esa carrera inicia al día siguiente de la presidencial. No habrá tiempo para empalagarse de triunfalismos ni para lamentarse por la derrota. La elección de los candidatos a legislador tendrá que estudiarse minuciosamente para evitar nuevos episodios de transfuguismo, en la izquierda y en la derecha, que debiliten, desde el inicio, a quienes deberían asumir el papel de contralores de la nueva administración.
Mientras tanto, el candidato que gane la presidencia, estará sujeto a la actual legislatura y será esclavo de las alianzas que logre construir para obtener el apoyo que requieran sus iniciativas de ley. El nuevo inquilino de casa presidencial heredará un presupuesto general desfinanciado en más de mil setecientos millones de dólares, una cuestionada "tregua" entre pandillas, una maleta llena de ofertas electorales que presionarán el gasto público, una economía deprimida y sin inversiones y un país dividido y polarizado. Triunfar en las presidenciales no asegurará los votos necesarios para administrar de manera eficiente los grandes problemas nacionales. Un solo partido, Cambio Democrático, continuará con "la llave" de la mayoría calificada, por lo menos hasta el 30 de abril de 2015.
Durante el próximo quinquenio cambiarán los titulares de la mayoría de instituciones del Estado. El nombramiento de esos funcionarios dependerá de la composición vigente de la Asamblea y de la que integre al Órgano Legislativo entre 2015 y 2018. El primer episodio tendrá lugar en junio de este año, momento en el que se procederá a la nominación de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, incluyendo la de su presidente. Esta elección puede ser manipulada entre el partido que esté en el gobierno y por lo menos dos partidos aliados. A diferencia del resto de entidades, en las que la Constitución exige la mayoría calificada, para la Corte de Cuentas se necesitan únicamente 43 votos.
Dentro de cinco meses, en agosto, se designará a la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a la Constitución de la República, tres de sus cinco miembros serán propuestos por los partidos políticos y dos por la Corte Suprema de Justicia. Es muy probable que se elijan de nuevo a militantes partidarios para que representen a sus respectivos institutos al interior del organismo electoral. El panorama podría cambiar si finalmente la Sala de lo Constitucional acepta el recurso presentado por un reconocido abogado que cuestiona al magistrado presidente del TSE por su pertenencia a la cúpula de un instituto político.
En 2015 tocará el turno a la Fiscalía General de la República, a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a igual número de concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Todas estas instituciones forman parte del sistema de administración de justicia y de ellas depende la seguridad jurídica de los ciudadanos. En 2016 se sustituirán a los titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al de la Procuraduría General de la República. En 2017 los diputados nombrarán al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y en 2018 elegirán a quienes relevarán a los actúales magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Otro reto importante que afrontarán los políticos es la presencia de la oposición en los diferentes Concejos. En 2015 se aplicará por primera vez la "pluralidad" al interior de las municipalidades. Quien gane obtendrá el control de la alcaldía pero tendrá que lidiar con representantes de los otros partidos cuya principal tarea debería ser la de vigilar la transparencia en el uso de los fondos y representar al resto de los habitantes de esa localidad que no lograron imponer, a través de los votos, a su candidato a alcalde.
La recomposición del mapa político en los próximos cinco años es fundamental. Tendremos un nuevo gobierno, una institucionalidad prácticamente renovada en su totalidad, unos gobiernos locales integrados por distintos partidos y una Asamblea Legislativa compuesta por diputados cuya elección se enfrentará, por segunda ocasión en 2015, a la votación directa que los ciudadanos haremos sobre los candidatos de nuestra preferencia. Esta realidad debería incentivar un intenso debate en el corto plazo acerca de la reforma constitucional que modificaría tanto los mecanismos para elegir a los funcionarios de segundo grado como los requisitos exigidos a éstos para postularse a cargos electos por el legislativo. Si permanecemos como hasta ahora, inmóviles e indiferentes, se corre el riesgo de continuar con una institucionalidad que responda a los intereses de algunos de los "personajes" más influyentes en los diferentes partidos políticos. El mapa aún está incompleto.
*Columnista de El Diario de Hoy.